Toda medida que implique infracción del principio de igualdad debe resultar inapropiada en un Estado de Derecho, y por ello, el privilegio de aforamiento ha de erradicarse sin excepción, pues aparte de una aberración democrática es una insensatez jurídica.
Escuchar el propagado desatino que todos somos iguales ante la ley, mientras resulta público y notorio que más de 10000 personajes de la distinguida élite social, incluida la prole parlamentaria, gozan de privilegios procesales y penales vía aforamiento; hace que dar oídos a tal afirmación , además de suponer una ironía, sea una tomadura de pelo inadecuada de un país democrático y mas acorde a la adulteración pretérita del Spain is different; analogía, que por apropiada viene a trasladar la escasa fiabilidad que debe otorgársele, a quienes, para amparar sus privilegios a través de artificios se empeñan en desfigurar la realidad ante la ciudadanía, cuando es harto sabido que la conocida afirmación de igualdad ante la ley es una mera formalidad coloquial tan repetida como falsa, de ahí la necesidad de discernir entre la verdad y la retórica.
Esa prevalencia otorgada a la cúpula dominante del país, aún siendo ahora cuando salta a la palestra como consecuencia del proceso de reaforamiento concedido vía exprés al ex rey tras dejar su real cargo, lo cierto es, que tal prerrogativa fue instaurada en su día de forma deliberada por parte de los constituyentes, con la expresa finalidad de variar las reglas de competencia judicial en favor de ese cuerpo social selectivo participado por la » aristocracia» de los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo, y judicial), para llegado el caso, lejos de quedar sometidos a la pauta que rige para el resto de los ciudadanos vía juzgados de instrucción, reservarles el derecho distintivo de ser encausados y juzgados por determinados tribunales expresamente señalados, es decir, otro lastre mas de la transición, o lo que es lo mismo, el mantenimiento en equivalencia de los distingos de aquella España del franquismo.
Quizá por no ser dado a tragar con ruedas de molino, tampoco soy conforme en consentir el interés de algunos por perturbar el principio de igualdad sin justificación motivada, no pudiendo asumir por tanto, que las normas procesales que en buena lógica son establecidas como directivas de aplicación para esclarecer la verdad con plenas garantías, tengan que ser alteradas para satisfacer ventajas específicas de las castas del poder, toda vez que en una democracia formal y realmente representativa, en buena lógica ha de regir el principio de homogeneidad, y eso solo será así, cuando se asuma por irrenunciable que la verdad jurídica no puede tener carácter parcial ni versión diferenciada entre ámbitos ciudadanos, y solo desde esa percepción se entenderá el aforamiento como un privilegio excluyente que merma garantías y derechos al resto de la mayoría desaforada.
Actualmente el deterioro va in crescendo, al poder comprobar como los aforados son un espécimen exclusiva de nuestro hábitat, una pandemia genuina restringida al marco territorial del suelo patrio, una singularidad, que convierte el tan llevado privilegio de aforamiento en un precepto de excepción en el resto del ámbito europeo, hasta el extremo que dicha práctica toma marchamo de exclusividad española; resultando de todo punto paradójico que la consolidación de ese monopolio de salvaguarda de capitostes, se efectúa a libre determinación del país otorgante, sin que en este caso, medien exigencias restrictivas como los recortes impuestos a otros derechos sociales por las directivas de la Unión.
Con todo, lo que resulta extremadamente curioso es la dualidad de liderazgo que ostenta nuestro país en el ámbito de la UE, y así, al tiempo de encabezar con notoriedad el ranking relativo al multitudinario aforamiento, también lo capitaneamos en lo que respecta a la corrupción política , esa extendida patología en fase de empeoramiento incesante y que por el blindaje que representa esa desmesurada activación de aforamientos y la repercusión de las excepcionalidades jurídicas de acompañamiento, cada día se hace mas difícil combatir.
Al hilo de lo expuesto, es mas que evidente que la clase que domina la mayoría política, desde el inicio de la transición se dedicó a utilizar la institución legislativa con la finalidad de establecer un estatus favorable a sus protecciones, y diferenciado por tanto, del interés general del resto de los ciudadanos, haciéndose patente a través de la estridencia política, su arbitrariedad y desvío de poder, cuyo resultado final se resume en la violación del principio democrático fundamental de igualdad ante la ley, como también en subvertir la separación de poderes, supeditando al Poder Legislativo y al Poder judicial, por parte del Poder Ejecutivo.
De ahí que a estas alturas no quepan medias tintas y que la única solución al problema pase por la absoluta anulación de las ventajas otorgadas, que forzosamente, ha de conducir a la supresión al completo de toda condición de aforamiento, como punto de partida, para sustituir el sistema político establecido por otra forma de hacer política, donde sea la protección al ciudadano la que elimine las dispensas de la casta dominante.
