Cartas al Director

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sábado

14

febrero 2015

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CARTA ABIERTA A LA CONSEJERA

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CARTA ABIERTA A LA CONSEJERA DE  IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

            Señora consejera:

Todos los ciudadanos y especialmente los trabajadores sanitarios, fieles defensores de la Sanidad Pública, estamos alarmados por la situación que actualmente atraviesa el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se encuentra totalmente desbordado. Esto nos llena de preocupación y tristeza.

Esta crisis se ha manifestado principalmente en los puntos de urgencias pero afecta a todos los niveles asistenciales: Atención Primaria (AP) y Especializada. Usted no debería intentar justificarlo con una epidemia viral. Ésta no es la causa ni principal ni desencadenante. Una epidemia,  habitual  en esta época del año, sólo es una circunstancia más que ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema como consecuencia de los desajustes creados por una política desaforada de recortes que principalmente se ha cebado con la Atención Primaria.

Usted sabe que las urgencias deberían de ser el primer contacto del paciente con el sistema sólo en los problemas de salud “no demorables”, y sin embargo se han convertido en “puerta de entrada” al sistema, poniendo de manifiesto el fracaso de la AP, víctima de una política de recortes que la  ha ido deteriorando progresivamente, hasta quedar incapacitada para mantener una mínima capacidad resolutiva de calidad. La  AP es primordial para el buen funcionamiento del sistema se salud. No sólo porque es el primer eslabón del sistema, donde primero contacta el paciente con el mismo, sino también porque resuelve  el 90% de los problemas de Salud que se le presentan. Y lo hace con la mayor eficiencia, al menor costo.

La masificación de la AP, con el consecuente incremento de la presión asistencial provoca una “REDUCCIÓN DEL TIEMPO POR PACIENTE” con la consecuente pérdida de calidad asistencial. Éste es el auténtico origen de los males más importantes que hoy amenazan al S.A.S. Cuando se disminuye el tiempo de asistencia al paciente y no hay tiempo para hablar con él, ni explorarlo. Se receta más, y se prescribe con peor calidad. Se aumentan las derivaciones. No se presta atención a la educación sanitaria. Se evita el abordaje psicosocial. No se resuelven las necesidades de los pacientes, se genera desconfianza en los mismos y éstos acuden con más frecuencia a las consulta. Todo retroalimenta la masificación. Aparece la demora en AP.  Algo inaceptable en este nivel asistencial. Todos los niveles asistenciales se verán afectados.

Pero además, Usted debe saber, que el ejercicio profesional en  atención primaria se ha convertido en una actividad decepcionante para los sanitarios que se quejan de forma generalizada de sobrecarga asistencial. Esta exigencia laboral, del todo frustrante causa fatiga en los profesionales, estrés,  incluso enfermedad con incremento del absentismo laboral. Y lo más grave es fuente de errores profesionales.

Es lamentable ver como el Servicio Andaluz de Salud  se está convirtiendo en un sistema de salud “enfermo” que genera riesgo y enfermedad tanto en los profesionales como en los pacientes. Precisamente aquellos que se consideran centros del sistema. Una paradoja.

No es este el lugar donde analizar los factores determinantes de la demanda y su control  (factores sociales, políticos, económicos,  culturales, de la organización, del profesional, etc). Pero hoy, está claro que uno de los más importantes es la falta de recursos humanos en Atención Primaria.

Señora Consejera, le deseo más lucidez en sus apreciaciones y algo más de sensatez en sus soluciones. Ésto no se arregla contratando varios cientos de profesionales  para las urgencias. Por favor, cambie de asesores.

LA ATENCIÓN PRIMARIA ES EL ORIGEN Y LA SOLUCIÓN A ESTA CRISIS.

Señora Consejera, INVIERTA EN  ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

Todos se lo agradeceremos

LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ



viernes

23

enero 2015

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“Sinvergüen-SAS”

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El diccionario de la lengua española (DRAE) define como sinvergüenza “aquella persona que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades”.

El Decreto 260/2001, de 27 de Noviembre, por el que se adaptan las retribuciones de determinado personal de atención primaria a la tarjeta sanitaria individual y a la libre elección de médico, dice en su artículo 9

Artículo 9. Retribuciones por cupos acumulados temporalmente.

 

En el caso excepcional de que no pueda cubrirse una o más plazas por los procedimientos habituales y legalmente establecidos, y algún profesional sea debidamente autorizado para hacerse cargo temporalmente, por acumulación, de las funciones asistenciales correspondientes a todo o parte del cupo de usuarios de estas plazas, percibirá durante ese período de tiempo las retribuciones por la plaza propia y las derivadas de los conceptos de población con tarjeta sanitaria individual ajustada por edad (TAE), asistencia en otros centros (C) y horario (H) correspondientes al cupo o a la parte del cupo acumulado.

Es decir que cuando en circunstancias excepcionales la ausencia de un médico o un enfermero no puede sustituirse, otro compañero, debidamente autorizado podrá hacerse cargo de sus pacientes, por lo que percibirá las retribuciones correspondientes.

Ante la falta de trabajo muchos profesionales sanitarios, han emigrado al extranjero y otros se lo están pensando. Son miles de profesionales bien formados, que ahora  rinden servicios a otros estados que nada invirtieron en ellos. Un auténtico derroche para el nuestro

Los profesionales sanitarios consideramos que, aunque nos autoricen y paguen, realizar ese trabajo que podría realizar un compañero desempleado es una inmoralidad.

Pues bien, actualmente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los profesionales sanitarios se nos está obligando a realizar ese trabajo pero además sin la autorización oportuna y sin el correspondiente pago.

Una nueva casta de directivos ha nacido: los “Sinvergüen-SAS”

LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ

DNI 30XXXXXX G

ALMERÍA



jueves

22

enero 2015

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El nuevo Código Penal y las corridas de toros

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El nuevo Código Penal y las corridas de toros

La nueva reforma del Código Penal impuesta por el PP va a penalizar un trastorno mental como la zoofilia (atracción sexual de un humano hacia un animal).  Lógicamente se puede defender la condena de las relaciones sexuales con animales (bestialismo) por cuanto las relaciones sexuales deberían de darse en un plano de igualdad que no existe cuando son mantenidas con un animal, por lo que se “podrían” estar vulnerando los derechos del mismo. Y utilizo el condicional por cuanto no son pocos las personas que defienden esta forma de “amar a los animales” y  los zoófilos que defienden los derechos de los animales y pertenecen a sociedades en defensa de los animales. No es mi intención de tratar ahora  este tema.

Lo que está claro es que los ciudadanos esperábamos más de esta reforma del código penal en aras de la penalización de la corrupción de políticos y la financiación ilegal de partidos. Y no la persecución legal de  unos enfermos mentales. ¡Pero ojo! ésto será bienvenido,  pues en buena lógica, supone un primer paso para la prohibición de las corridas de toros. ¿O se puede estar en contra del “amor a los animales” y  las prácticas sexuales con ellos. Y no de las prácticas masoquistas con los mismos?

Tanto la zoofilia como el sadomasoquismo son enfermedades mentales. Desde siempre catalogadas como parafilias tanto en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como en la Clasificacion Internacional de Enfermedades.

Evidentemente si las prácticas masoquistas  se realizan sin consentimiento de la otra parte son un delito y  por tanto deben ser perseguidas. Pues bien, al igual que en la zoofilia en las corridas de toros no se dispone de consentimiento por parte del animal. Con la aprobación de este nuevo Código Penal, esperamos la inmediata prohibición de las corridas de toros.



jueves

22

enero 2015

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EL SAS ENFERMA

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EL S.A.S  ENFERMA

Nuestro Sistema Nacional de Salud es un pilar básico del llamado “estado del bienestar. Situándose en la vanguardia sanitaria, es un referente mundial. Siendo muchos los factores que han ayudado a este ejemplar desarrollo, hay que destacar  el papel de “todos” los trabajadores de la salud, sin excepciones, incluidos sus cargos directivos. Con distintas responsabilidades, todos juntos hemos trabajado y avanzado por la excelencia del sistema. Todos compartimos empresa y objetivos. A destacar: la “salud de la población” (usuarios externos) y el “bienestar de los trabajadores sanitarios” (usuarios internos). Difícilmente sin éstos se podría alcanzar aquello. Son los dos centros sobre los que  gira todo el sistema sanitario.

Carentes de los principios y  liderazgo ético que debe presidir una “dirección por valores”,  muchos de los gestores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han olvidado ésto. Se han convertido en meros gestores de números. Sus  objetivos economicistas pasan a un primer plano relegando los intereses de los trabajadores y de la población, hasta entrar en  contradicción con los propios objetivos fundamentales  del  SAS.  Llevan decenas de años ocupando puestos de gestión. Y lo “hacen tan bien” que siempre permanecen y ascienden. Es una auténtica “casta de  jerarcas” que en las circunstancias actuales, con su inadecuada gestión,  están provocando un disparatado fenómeno sobre el que deseo llamar la atención: El SAS, empresa destinada a promover la salud y a prevenir la enfermedad entre la población, está  enfermando a sus propios trabajadores. Algo con funestas consecuencias para el sistema público de salud, pues minando éste pilar esencial que son los trabajadores, se mengua la calidad asistencial, se pone en riesgo a la población, y por tanto se ataca  la propia esencia del sistema, quebrantándolo seriamente.

Con la crisis  se inicia un sistemático ataque a los derechos de los trabajadores. Siendo muy nocivos los recortes, también lo son las formas en que se están aplicando por las direcciones gerentes más inmediatas a los trabajadores;  en los centros hospitalarios, áreas sanitarias, o distritos de atención primaria. Los gerentes de estas “unidades de gasto”,  despreocupados por el bienestar de los trabajadores desarrollan irresponsablemente una gestión cicatera, de forma autoritaria, incluso ninguneando a los representantes de los trabajadores, contraviniendo ilegalmente la normativa vigente sobre todo en “salud laboral”. Ellos mismos, obligados a promover y proteger la salud integral de los trabajadores, con sus decisiones se convierten en el factor de riesgo más grave para la salud de los mismos; generando perniciosas condiciones laborales  propicias para que sus “compañeros” trabajadores enfermen. Y con ellos enferme el sistema de salud.  Algo muy grave pues difícilmente se puede dispensar salud desde la propia enfermedad. Una triste paradoja.

Un  mal inveterado del SAS, es la falta de profesionalidad de sus cargos directivos y sobre todo intermedios. La gran mayoría de estos cargos, cuando son nombrados carecen de la formación mínima necesaria en gestión sanitaria y dirección de equipos. Generalmente son elegidos tras un viciado proceso de selección, a pesar de que los “jerarcas de la empresa” saben de su manifiesto desconocimiento. Ésto sólo puede entenderse desde la seguridad de  que no van a dirigir nada,  ni a nadie.  Más aún, sospecho que posiblemente se prefieran directivos legos para ser de esta forma más susceptibles a manejos y tejemanejes.

Analicemos brevemente  algunas de esas actuaciones gestoras que agreden y dañan la salud de los trabajadores del SAS.

Por si fueran poco cinco años de congelación salarial, con reducciones de complementos, pagas extras y productividad a todos los trabajadores, desde hace dos años, a los trabajadores eventuales se les disminuye un 25% más el salario con una reducción equivalente de la jornada laboral, que escandalosamente no siempre se lleva a cabo.

El súmmum del desmán es que a éstos compañeros “contratados al 75%” también les reducen en  un 25% complementos salariales nada relacionados con la duración de la jornada. Concretamente la exclusividad, dispersión geográfica o por los enfermos asignados a su cupo. Sería prolijo explicar aquí estos conceptos pero entiéndase que los mismos son percibidos por razón del servicio y no por la jornada efectuada, y si el profesional cumple con las condiciones que le hacen acreedor a ellos tendría que percibirlos al 100 %. El colmo del la tropelía ha llegado con el reparto de la productividad, pues a estos compañeros también les ha sustraído un 25 % de lo que les correspondería por la ejecución de objetivos. Indecentemente lejos de ser premiados por cumplir con las metas, a pesar de la reducción de jornada, han sido penalizados por hacerlo. Un ruin atropello que los afectados sienten como “un robo más”. Otra vergonzosa decisión de la “casta jerarca”, que dice mucho de su carencia de principios y de su incapacidad para encabezar un liderazgo ético cada día más necesario en la gestión.

Otra agresión más  a estos trabajadores es negarles la seguridad laboral,  contratándolos por meses ¿Si existe esa necesidad de servicio no podría al menos realizarse contratos por un tiempo indefinido disminuyendo la ansiedad periódica generada por el miedo al desempleo? Me atrevo a insinuar que precisamente con esta medida  se pretende éso, generar ansiedad por temor a perder el trabajo, frenando cualquier intento de protesta organizada. Y bien que lo están consiguiendo.

Lógicamente esta situación supone una evidente sobrecarga no sólo para los trabajadores afectados, sino también para  el resto de trabajadores que finalmente asumirán la carga de trabajo que no pudieran realizar aquellos compañeros forzados a reducir su jornada que no sus objetivos. Una sobrecarga laboral añadida a la habitual pues endémicamente venimos arrastrando plantillas muy ajustadas de personal. Compensando la escasez de medios humanos con más esfuerzo, dedicación, y entrega.  A veces incluso imprudentemente, por lo que conlleva de sobrecarga psicofísica  con el consiguiente riesgo para la salud del trabajador y del ciudadano asistido. Algo que poco parece importarle a nuestra “casta de jerarcas”.

Son muchos los ejemplos  de la escasez de plantillas, sólo señalaré uno por escandaloso. Son muchos los equipos de urgencias de Atención Primaria que no disponen de suficiente personal. Así, varias veces cada día, cuando se marcha el único equipo de sanitarios disponible, quedan sólo atendidos por un celador. A  veces ni eso. Pues también el celador tiene sus necesidades, y otras obligaciones como desplazar a un enfermo, atender otras tareas como la limpieza o mantener el orden. Viéndose obligado a abandonar la entrada de urgencias  y el correspondiente teléfono.

Cuando imprudentemente nuestros directivos dejan solos en un punto de urgencias a celadores (“personal  no sanitario” sin la formación adecuada), los obligan a realizar “triaje” (valorar los paciente que llegan)  y decidir en función de “su criterio” si el paciente puede esperar  o llaman  a un sanitario.  Esto no sólo  supone una situación de peligro para el paciente sino también para el trabajador que es sometido a una situación para la que  no esta  ni preparado, ni entrenado,  y  que le supone un riesgo psicosocial y daño a su salud. Algo evitable con la contratación de un solo enfermero de los muchos que esperan desempleados o en el extranjero. La salud de los ciudadanos y de los trabajadores nuevamente en riesgo. Denunciado en múltiples ocasiones y que no parece importarle a la “casta jerarca” o al menos les importa menos que el “ahorro” que buscan.

Otro ataque injusto, por arbitrario, discriminatorio, e inmerecido es el impago de la carrera profesional a muchos profesionales. Si existe un elemento de importancia crucial para la buena marcha de las organizaciones sanitarias, es, sin duda, una política adecuada de recursos humanos donde juega un papel crucial la carrera profesional.

En Andalucía todos aquellos profesionales que llegaron a la titularidad tras cualquiera de las oposiciones de los treinta últimos años cobramos la carrera profesional, sin ningún otro requisito. Sin embargo, aquellos compañeros que accedieron a la titularidad en las últimas oposiciones del año 2007 perdieron este derecho. Se les comenzó a exigir la acreditación previa. En marzo del año 2012, por sentencia del Tribunal Supremo confirmando la sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha quedado en suspenso el modelo de evaluación profesional, basado en “comisiones de valoración de unidad”. Tras esta bochornosa suspensión por diseño injusto,  parcial, falto de control y supervisión de dichas “comisiones de valoración”, nuestros “diligentes dirigentes” en lugar de corregir con presteza esas deficiencias señaladas por el alto tribunal y recuperar cuanto antes algo tan relevante para el buen funcionamiento de nuestra empresa, han utilizado la sentencia como otra oportunidad de recorte salarial.  Aunque sea a costa de desmotivar a profesionales acreditados. Increíblemente, en Andalucía el proceso de la carrera profesional ha conseguido lo contrario de lo que se pretendía. Otro “éxito” de nuestra “casta jerarca”.

Otra situación insostenible es la falta de sustituciones del personal ausente. Una flagrante vulneración de los derechos estatutarios de los profesionales sanitarios reconocidos en la normativa habitual y que está provocando  el deterioro más importante de nuestro servicio público de salud, con una importante pérdida de la calidad asistencial, un incremento de la demora, y  una agresión a los trabajadores que presionados  por una sobrecarga laboral, a veces insoportable, le genera estrés y un evidente  riesgo para su salud y la de los usuarios. Una ilegalidad que no  parece importarle a nuestra “casta jerarca” pues en Andalucía  esta situación se ha convertido en “normal por frecuente”. Y además, aunque parezca increíble, habitualmente nuestra “casta jerarca” nos engaña y  nos roba no remunerándonos por este exceso de trabajo,  a pesar de estar obligados por la ley. Otra ilegalidad más.

            En Andalucía existen muchos trabajadores de la sanidad desempleados,  esperando ser contratados.     No podemos obviar que ésto también implica una agresión a los derechos de todos estos compañeros. Muchos de los cuales están sufriendo unas pobres condiciones sociolaborales incluso viviendo en condiciones precarias, viéndose obligados a abandonar su familia, su ciudad,  incluso nuestra comunidad. Y todo por una actuación ilegal de la “casta jerarca”, sin duda también inmoral. ¿Qué tipo de liderazgo ético pueden ejercer nuestros gestores?

Como reconoce la “Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales”:

“La reacción más conocida ante una situación psicosocial inadecuada es el estrés (…) Los problemas de salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador o cuando éste no recibe una adecuada compensación.”(…)

“Los riesgos Psicosociales tienen consecuencias tanto sobre la organización empresarial (absentismo, bajas voluntarias, baja productividad, etc.) como sobre el trabajador (daños a la salud)”.

 

Lo más grave es que todo ésto también repercute en un “riesgo para los usuarios”. La población está siendo atendida por profesionales con inseguridad laboral, estresados y sobrecargados laboralmente. Que han experimentado un retroceso importante de sus derechos laborales. Indignados por las reducciones de salario y su evidente empobrecimiento social y económico. Otros, engañados por la reducción de su jornada laboral y de sus salarios, pero no proporcionalmente de su carga laboral; que además se sienten robados por la  injusta e irracional reducción de sus complementos. Unos y otros se sienten robados y estafados después muchos años de sacrificio y estudio. Circunstancias poco propicias para que estos profesionales puedan ocuparse plenamente de la salud de su población. Una situación  impropia de una empresa cuyo objetivo esencial debería ser el  de generar salud y que por el contrario, paradójicamente, enferma a sus trabajadores.

La actividad gestora de nuestros directivos está muy lejos de una “dirección por valores”, cada vez más necesaria. Ellos mismos carecen de autoridad y liderazgo ético. Su credibilidad flaquea por su cualificación personal y la forma en que acceden a sus cargos. Y si alguna vez tuvieron alguna la pierden por su falta de coherencia en su gestión contradiciendo los dos ejes esenciales de nuestro Sistema Público de Salud,  que  son los intereses de los trabajadores y de los ciudadanos.

Lejos de lo deseable, nuestros  directivos están inmersos en una trasnochada gestión por objetivos, centrada  en criterios de eficiencia puramente economicistas. Si bien en cifras, nuestra empresa puede haber mejorado en “costos y eficacia”, difícilmente puede haber mejorado en “eficiencia real”. Es imposible que una gestión sea auténticamente eficiente cuando engañando a los trabajadores se les somete a un sobreesfuerzo, se les tima y  no siempre remunera. Se les agrede en su salud física y psíquica, hasta enfermarlos, mostrando una falta de justicia, sensibilidad  y respeto hacia los trabajadores que les desilusiona y desmotiva. Evidentemente, no puede haber eficiencia en una gestión reñida con la ética.

Se  hace imprescindible un cambio radical en la gestión del SAS. Necesitamos dirigentes con actitudes y aptitudes para ejercer un liderazgo ético y  una gestión más eficiente basada en valores. Hoy día la única concebible.