Robarle  tiempo al tiempo, es el título de un bolero romántico, muy en boga,   que con maestría  interpreta Café Quijano, pero también  habría de ser el empeño que debiera  de imponerse todo político para llevar a buen   término los  compromisos electorales  que le condujeron al poder, margen merecido  siempre que  su discurso se sustente invariable, pues si pasadas las elecciones decidiese mudar de mensaje, es obvio  que mas que robarle tiempo al tiempo,  lo suyo  sin la mínima  moratoria,  sería que liase  los  bártulos   llevando consigo la composición  de su partitura apócrifa  como fondo musical  a la  merecida marcha que le acompañe  en la  dimisión.

Es de señalar que en política, contra inconsecuentes pretensiones,  la legitimidad  democrática  tan solo la otorgan las urnas cuando políticamente se mantienen las obligaciones  contraídas en el proceso electoral, sin alteraciones, involuciones  ni   adulteraciones clandestinas, y solo quien satisfaga esa prevalencia  puede arrogarse autenticidad representativa, debiendo ser desalojados de la vida política aquellos que  no afiancen esta premisa; pues por integridad y limpieza democrática, no debe ser  ejercido el  poder por quien lo  alcanza mediante  malas prácticas o a través del  estraperlo electoral.

Cuando esto ocurre  no  han de caber tolerancias,  siendo obligado entonces tomar implicación activa  para  el restablecimiento de una   cultura electoral  sustentada en valores, reglas y principios, cuya primera medida  por salud democrática,  debe consistir  en  consumar  la eliminación y  el  relevo  de quienes tienen por  todo  ideario la mala praxis de ejercer   políticamente como  infames y embaucadores.

Todo esto viene a colación porque,   el PP a pesar de que  la Ley de Partidos, establece  que los programas electorales tienen que cumplir la Constitución,  lo cierto es,  que  en las elecciones de Noviembre de 2011, con el claro objetivo de modificar la opinión pública y de esta manera vencer  en  dichas elecciones y hacerse con el Gobierno del  país, no dudó  en mentir descaradamente por medio de un falso  programa electoral, hecho, que limitó la recepción a una información veraz, y tal impedimento supuso la vulneración de los derechos fundamentales establecidos tanto en el artículo 20.1.d como  por extensión en  el artículo 23.1 de la Constitución.

Habiendo de añadir a ello  que aquella maniobra además de   coartar la libertad de elegir libremente a los representantes  ciudadanos, tuvo por  agravante añadido, que fue el ahora renegado  Rajoy, quien  como candidato, comprometió ante los electores que aquel programa electoral  sustentaría  su acción de Gobierno; resultando por tanto una afrenta democrática que quien no limitó sus actos al acatamiento  de la Constitución  venga ahora a erigirse en adalid de la misma,  y para mas desvergüenza, tenga la osadía de arrogarse  legitimidad de representación.

Pero si grave fue la emisión de falsa información  para ventajosa obtención  de rendimientos electorales, mucho mas tortuoso  fue traicionar al electorado haciendo transitar  aquellos   votos robados en el pútrido instrumento de las urnas, en dirección opuesta a su propósito,   y así en una  faena  de devaluación democrática   en vez de satisfacer el mandato popular  contra todo  pronóstico fueron  usados  para favorecer las turbias maniobras de los  poderes fácticos  y de los mercados financieros. O quizás seria mas acertado decir, si me permiten la hipérbole, que este Gobierno nos está conduciendo  a la involución, por cuanto  sus prácticas políticas  mas que ajustadas a reglas   democráticas  son  el tránsito directo hacia  episodios  del  mas severo  franquismo.

Con la estulticia de sus  dirigentes y  el desvarío  político, de forma irresponsable,  el PP está  promoviendo el derecho de insurrección,   pues el expolio generalizado hace que  al pueblo damnificado,   harto de ninguneos, se le agote la paciencia y  exteriorice su indignación  como reacción  correctiva hacia quien a propio intento, opta por hundir  un proyecto de país  en favor  de  un proyecto de poder, y cuando en razón a ello  la tensión se torna extrema, y el Gobierno con sus políticas insiste en contravenir el orden constitucional, en ese momento, más allá de la simple manifestación de descontento,  a los afectados  les asiste pleno derecho a  la desobediencia y a la insurrección al objeto de  restituir el orden alterado por esa transgresión, toda vez  que con la Constitución en la mano,  las drásticas políticas del ejecutivo de Rajoy estarían fuera de la ley.

Cuando después de  engañar al electorado, las consecuencias del desfalco democrático afectan perniciosamente a derechos fundamentales de la ciudadanía  como   el  trabajo, la educación  y la sanidad, únicamente  un infame  en vez de proceder en enmienda,  intenta aplacar  la rebeldía a través del palo y tente tieso   de una  ley «mordaza»,  proceder característico de quien decide  sustentarse en el poder  a base  de represión; una deriva  involucionista   que ningún demócrata que se precie debe estar  dispuesto a transigir.