Cartas al Director

En este país donde el bipartidismos forma parte consustancial del problema, solo llevando a término la imprescindible reforma constitucional, se darán las condiciones exigibles para erradicar la corrupción

Vivimos en un   país donde las organizaciones políticas directamente connotadas  con la corrupción intentan ahora dar lecciones de honradez  apelando al cumplimiento de la  ley de leyes;  una  extravagante función de suplantación  pedagógica que  en reciprocidad con  el envilecimiento político, obliga poner de manifiesto que tras la indigna doblez de su conducta, los profesionales de la perversión, lo único que pretenden con su clamor por la justicia y lo estatuido, es redimir sus propias miserias  a través del cínico manoseo de la Constitución a la  que con sus acciones corruptas  han venido pisoteando deforma continuada desde los orígenes de su instauración.

Por eso, muy a pesar de erigirse en enérgicos defensores  del  magno documento de 1978, lo cierto es, que tras la  apariencia  de los que ahora utilizan la Carta Magna  como arma arrojadiza, está la deslegitimación infecta   de unos  profesionales de la corrupción  política que a través de sus prácticas  delictivas no solo se han dedicado  ha vulnerar de forma sistemática el propio marco constitucional que hoy dicen defender,   sino que han llegado al extremo de pervertir el funcionamiento del  propio Estado  al desnaturalizar su finalidad genuina  de servir al bien común, en provecho y ventaja  exclusiva de sus propios intereses, hasta  el punto de  forzar la mutación,   que supone sustituir  la democracia que nos habíamos dado en la transición. por  la consolidación de una extendida cleptocracia,  donde auspiciado por el bipartidismo,  el latrocinio y la malversación  se convirtieron  en el  referente  político por antonomasia.

De ahí que actualmente, cuando a toque de consigna son ellos mismos  quienes disciplinariamente  intentan imponer  desde su despistada moralidad  el deber de  cumplir la Ley y lo previsto en la Constitución, llegado a este punto, mas que darse por enterados y acatar sus instrucciones, surge como adecuada   la ocasión para dar rienda suelta  a  nuestro deber ciudadano,  que no es otro, que  devolver la  oración por pasiva,  exhortando a estos transgresores  revestidos de autoridad que han  de  ser ellos y no la ciudadanía,   quien en primer término, salden su deuda con la justicia  predicando con el ejemplo; rindiendo cuentas al efecto de sus sucesivos escándalos de corrupción, que pone al descubierto un  país de políticos impunes, y de sobrados delincuentes que fortificados en las altas instituciones, siguen disfrutando de completas prerrogativas.

Debiendo  entenderse por tanto  que son los múltiples casos de corrupción que inundan los informativos audiovisuales y las páginas de los rotativos, la principal   razón que se invoca para justificar   la progresiva desafección  de los ciudadanos hacia los partidos y los políticos involucrados; no remediándose tal aversión con  interesadas proclamas  de adiestramiento   sobre una Constitución superada, cuando el auténtico revulsivo pasaría por arraigar en la sociedad  la cultura de la legalidad a través de medidas ejemplarizantes, donde prioritariamente,  la primera medida de regeneración democrática habría  de consistir  en meter en la cárcel al amplio surtido de  corruptos que actualmente siguen campando a sus anchas,   ejerciendo  sus prácticas delictivas a la vez de  persistir en su escalada de  degradación de la vida institucional.

La primera medida de regeneración democrática, habría de consistir en meter en la cárcel al amplio surtido de corruptos que siguen campando a sus anchas

En consecuencia, una  Constitución  que es utilizada con empecinamiento   como  instancia jurídica  para impedir expresar  la voluntad   a quienes reclaman el derecho a decidir  sobre  su propio destino,    por los mismos políticos  que al unísono se dedican a esquivar la   parte mas  controvertida de su propio articulado,  siendo tal desencuentro, argumentación suficiente  para entender  que el entusiasmo de 36 años atrás  se ha tornado en desconfianza  y que dos tercios de la población según encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ven como papel mojado los   169 artículos de su contenido, además de declararse insatisfechos con su aplicación.

Contestación popular que ha de conducir a una reforma constitucional, pues  toda  medida de regeneración de mejora de la calidad de la democracia, para que  surta efecto,  demanda el perfeccionamiento  sustancial  de esta   máxima ley.

Siendo al mismo tiempo  la  corrupción y la inmundicia moral que nos asfixia,   aspectos, que  refuerza sobremanera la urgente celeridad en afrontar   la mas que necesaria  transformación de la Carta Magna,  pues el excedido grado de degradación que ha alcanzado la corrupción política, pone de manifiesto que el actual marco constitucional no es en modo alguno herramienta suficiente para poner remedio  a una lacra cuyo coste social repercutido está cifrado en 40.000 millones de euros anuales, repercusión que además de obstaculizar  la salida de la crisis, impide la generación de empleo, origina ineficiencias en la economía y degrada nuestra  imagen en el exterior al tiempo de devaluar todavía mas el nivel  de una ya socavada calidad democrática .

Graves resultados, cuya solución  en modo alguno la ciudadanía directamente  perjudicada,   deba poner en manos  de una clase política que carga a sus espaldas   con la responsabilidad de tres largas décadas de hipercorrupción.