Cartas al Director

Tomarse en serio la constitución, no es supeditar su contenido a las apetencias de los mercados financieros mientras se impide la participación y pronunciamiento de la ciudadanía

Este septiembre se cumplieron tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, cuyo implícito, impuso de forma categórica el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto; decisión, que a pesar de sus funestos efectos, contó con el padrinazgo   de  socialistas y populares, que afianzados en su alianza bipartidista, a las primeras de cambio, sus miembros, desertando de su cometido  político   pasaron a desempeñar  el papel de «crupiers»   en el  turbio juego especulativo auspiciado desde el casino  de  la Troika, (FMI, BCE y CE), a través de su respaldo  bilateral que cerró a cal y canto  toda posibilidad al consenso social y a la celebración  de la obligada consulta ciudadana   que una  reforma de tal calado exigía.

Siendo mas que evidente, que  la anexión forzada  de aquellos deberes al texto constitucional, trajeron  por único y exclusivo resultado la imposición  de las posteriores políticas de extrema austeridad, de recortes y  regresión social, que como es bien  sabido no se hicieron esperar  como puso de manifiesto la oleada de privatizaciones en el contexto de una leonina política fiscal,  que impidió desde su puesta en práctica  preservar  el gasto social, al igual, que aplicar  medidas de crecimiento económico  que hicieran  posible combatir el paro de forma rotunda y eficaz.

Reforma por tanto, que tuvo por auténtica finalidad dar cobertura legal al afianzamiento del credo neoliberal y al  rescate con fondos públicos de un quebrado sistema financiero, y todo ello, mientras los miembros de  esa dualidad  política se escabullían de hacer suyos  los  sacrificios exigidos al resto de la ciudadanía,  y los miembros de la casta, disparaban sus beneficios de forma exponencial o en su defecto seguían elevando el factor multiplicador en los casos de evasión y fraude fiscal.

La ausencia de referéndum como  aval social  de aquella reforma exprés, hizo que la actual Constitución mas que de la  ciudadanía sea la del «mejor postor», pues como queda dicho,  la modificación de referencia  se  consumó   en situación de déficit democrático al ser  rechazada por la mayoría del espectro parlamentario toda  posibilidad  de plebiscito  vinculante sobre el particular,  al tiempo de consumar la vendetta  de poner  la política   al servicio de los mercados financieros, que en síntesis,   fueron los verdaderos instigadores de tan arbitraria  iniciativa.

Exigir a los ciudadanos acatamiento a una reforma constitucional que no les han dejado votar, es desde todo punto de vista un anacronismo democrático

Incongruente alianza  que como  síntoma de rechazo   hizo ahondar  el abismo  entre la ciudadanía y ese sector concreto de la  clase política, al coincidir  los hechos  justo en el momento que el movimiento 15M, en auge reivindicativo, tomaba la calle  a tiempo de reclamar mayores cotas de  democracia real.

Entre otras cosas aparte de delatar  una  posición cada vez más desdibujada de la democracia, aquella reforma creó una  erosión en el paradigma del constitucionalismo por el hecho de haber metido mano a su texto  original al margen de las debidas  garantías de pluralismo político y ciudadano, circunstancia,  que causó que actualmente dispongamos de una  Carta Magna  sin vocación de continuidad; pues  afectada por un  proceso de domesticación económica,   ciñéndonos a su actual contexto no será nunca una norma adecuada de convivencia,   y mucho menos,  la  herramienta apropiada  para plegar a unos poderes fácticos que auxiliados por el bipartidismo han tomado al asalto  el  pleno  control de la misma.

En definitiva,   la reforma exprés  de 2011, no fue mas que otra pirueta  en la deriva antidemocrática que puso de manifiesto  el hacer político de los miembros   del bipartidismo, caracterizado, por su función  de simples intermediarios de  decisiones políticas adoptadas  en foros ajenos a   aquellos  en los que reside la soberanía popular; y todo ello, sin dudar  hacer del parlamento el lugar donde refrendar  formalmente las  decisiones adoptadas por adelantado por clanes  y grupos de presión que careciendo de toda legitimidad democrática imponen al dictado su voluntad  a través  de  la mayoría que le reporta el voto cautivo  de sus mas sumisos palafreneros.

Por tanto, cuando a los ciudadanos  se les quita el derecho a decidir  sobre aspectos de especial trascendencia  que afectan a  su propio futuro    como resultó ser la tan  inútil   reforma de la Constitución, exigirles  acatamiento a las modificaciones habidas es desde todo punto de vista un anacronismo democrático que demanda subsanación, de igual modo  que la redacción del antedicho  artículo 135 que  requiere  ser derogado de forma urgente por ser condición «sine que  non» para impulsar el crecimiento y garantizar con ello  la creación de empleo y el restablecimiento del Estado  del bienestar.

Regeneración que en todo caso siempre quedará a expensas de los electores y  de su pericia en saber votar.