Cartas al Director

El de ayer fue un ajetreado día. Como todos observamos, tuvo lugar una consulta ilegal en Cataluña sobre el futuro de esta comunidad autónoma, que preguntaba si debía ser reconocida como estado independiente.

 

Esto es, sin duda, un grave delito que no sólo pasó por alto la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que se burló de todos los españoles, por supuesto incluidos en estos los catalanes. Ha sido un insulto a nuestra Constitución, nuestras leyes, las autoridades del Estado y el Gobierno Central, que, por cierto, aún no se ha pronunciado lo suficiente respecto a lo sucedido ayer. Basta con leer el Artículo 2 de la Constitución Española para saberlo, que dice así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”

Analicemos el proceso que ha llevado a la consulta de ayer. A día veintiséis de septiembre, se aprobó en el Parlamento de Cataluña la Ley 10/2014, de 26 de septiembre de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana, publicada a las diez de la mañana del día siguiente.  Así, media hora después de su publicación, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el Decreto 129/2014 de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta, publicado como Anexo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña del 27 de septiembre de 2014. No obstante, el Tribunal Constitucional impugnó tanto la ley como la convocatoria de la consulta a petición del Gobierno Central.

Pese a todo ello, la convocatoria persistió y finalmente se celebró ayer la consulta. El Presidente de la Generalidad declaró “Si la Fiscalía busca un responsable, ese soy yo”

    

Ahora, quiero preguntar. ¿Por qué no ha recibido aún el señor Mas “noticias del fiscal”, como dice el PP que espera que le sean remitidas? ¿Y por qué no convoca una votación lícita y legítima, es decir, unas elecciones? ¿Y por qué, el día que se conmemoraba el vigésimo quinto aniversario de la caída del muro de Berlín y la unificación de dicha ciudad, se empeñó en proponer la construcción de uno nuevo en territorio español?

Ayer los agentes a los cuales se confió la seguridad ciudadana y la vigilancia, no detuvieron a los responsables, ni cerraron los colegios electorales pese a determinarse este acto como un delito. Quiero expresar mi respeto a su decisión, como a la de la Fiscalía y el Gobierno, ya que así evitaron conflictos que podían haber desencadenado un grave problema que pondría en peligro la soberanía nacional al producirse “en caliente” y con tantos radicales como había.

Ahora que ha pasado ese momento en el que podrían haber tenido lugar importantes conflictos, creo que han de llevarse a cabo todas las acciones legales oportunas, ya que esto no puede quedar impune. Debemos buscar la forma de hacer pagar a todo el que atente contra la ley, pero también buscar una solución política y definitiva. Creo que será positivo tener «mano izquierda» más que «mano dura», pero sin dejar a ningún culpable exento de las consecuencias de sus actos. Quedo expectante a toda novedad que, espero, se produzca, para juzgar los resultados. La actitud de las autoridades hasta ahora no ha sido agresiva ni tajante, seguramente con el fin de evitar, como previamente he dicho, enfrentamientos que puedan perjudicar a todos los españoles en su conjunto y la soberanía nacional. Pero ya es momento de tomar todas las medidas necesarias para que cada uno de los que han incumplido la ley cargue con las consecuencias de ello. Confío en que esto se produzca no muy tarde, ya que si no es así, quedaré tremendamente decepcionado y descontento con el Gobierno y la Fiscalía.

Muchas gracias,

Juanjo García Amorós

---

---