El próximo miércoles se cumple el bienio de la gran impostura, pues fue el 20 de noviembre del 2011 cuando se celebraron las undécimas elecciones generales desde la transición; unos comicios marcados por la asimetría electoral, al ser en esa coincidente jornada, cuando el PP, fraudulentamente, se hizo con el poder de gobierno engatusando a la ciudadanía a través de una oferta programática sustentada en la mentira; y en una democracia que se precie, ello es materia suficiente para precisar que todo triunfo en las urnas sustentado en la falsedad otorga exclusivamente a los vencedores el descrédito de un poder ilegítimo, y por tanto, una jerarquía de nula legalidad.

De ahí que proceda confirmarse que fue una canallada política apropiarse indebidamente de la voluntad popular ofertando lo que el pueblo quería y deseaba escuchar, máxime cuando en su trasfondo de partida, los del séquito de la gaviota, tras una estrategia premeditada escondían su verdadera finalidad, tal era, utilizar sibilinamente la treta electoral del engaño masivo para así cautivar el voto en las urnas, pieza clave en su conquista del poder, y una vez logrado el objetivo, dar el cambiazo para hacer justo todo lo contrario.

Y así fue como a través de la posterior acción de Gobierno, el PP incumplió la totalidad de aquel programa electoral de compromiso, o lo que es lo mismo, rompió unilateralmente aquel contrato social que tenía establecido con la ciudadanía a través de su cuerpo electoral, y ese cúmulo de infracciones, además de una burla sin precedentes contra el electorado, representa una deslegitimación de los resultados obtenidos y una violación del principio de buena fe que a más de imperar en el Derecho, preside la dinámica social, circunstancias que situó la calidad democrática del país bajo mínimos.

Por eso, cuando estamos a las puertas de cumplir dos años de aquel pestífero triunfo electoral del 20-N, lejos del efecto milagroso que preconizaba Rajoy con sus recetas, aquel seísmo electoral del PP, mas que aportar sinergias favorables al futuro del país, causó un «tsunami azul» de consecuencias devastadoras, como lo evidencia la deprimente realidad que nos toca vivir, condición reveladora, conforme, en sus dos años de legislatura el Ejecutivo conservador, no sólo no ha mejorado la situación sino que ha empeorado a pasos agigantados, llegando al extremo de la negación política, de convertirnos en el Estado europeo con peor pronóstico para los próximos cinco años.

Esto empieza ser alarmante en doble sentido, pues si en vez de erradicar la degradación socio – económica, la pintan de color estabilidad, y el ejercicio de la política deja de actuar en defensa del interés ciudadano para convertirse en aliado de los poderes fácticos; entonces cuando esto ocurre, es evidente que la política mas que la solución resulta ser el problema, y si para mayor escarnio, quien ejerce el poder político toma a los electores por imbéciles y sumisos sujetos de sus mentiras, ese protagonista, mas que un gobernante resulta ser un completo provocador. Nefasto papel desempeñado a la perfección por el presidente Rajoy, cuyas prácticas de gobierno anuncian su malévola finalidad, que no es otra, que utilizar el rendimiento que le aportaron las urnas para finalidad distinta a los derechos del electorado, tal es, consolidar la primacía de los mercados financieros y la banca e igualmente recortar las libertades democráticas.

Sobre este bienio del PP al frente del gobierno, el electorado debiera aleccionarse y tirar conclusiones, en el sentido de asumir que tan preocupante es la crisis económica, como la miseria que induce la mentira, toda vez que por mas planteamientos alternativos que se establezcan, sin el acompañamiento de la verdad no hay solución posible, y este condicionante debiera ser un límite insalvable para el desembarco político de demagogos, y un deslinde para mentirosos profesionales metidos a políticos, cuyo único aporte a la sociedad es su degradante actividad como licenciados en la mentira.

Condición característica del gobierno de Rajoy, que por incumplimiento generalizado de su programa electoral ha perdido toda credibilidad, siendo ahora totalmente inverosímil ser creídos aunque digan la verdad; pues en una democracia representativa, dejan de ser fiables quienes acceden al poder mediante la utilización de artificios y embustes, y en este caso, lo sucedido con el gobierno del PP, quiebra el principio de representatividad, cancelando al mismo tiempo la legitimidad que los votantes le habían otorgado, y eso ha de ser así, porque en este caso, la base de relación entre representantes y electorado ha roto en razón al incumplimiento de la representación política, cuyo agravante, es hacer pagar al ciudadano por algo que ni siquiera había votado.

Infame proceder, pues su única finalidad es garantizar un negocio político, tal es instalarse en el poder a través de la utilización del engaño, y por tanto, ante estás prácticas vejatorias a los directos afectados les asiste el legítimo derecho a rebelarse.