Decir que actualmente, España es una democracia, resulta como mínimo una afirmación altamente arriesgada , una manifestación insólita que se debate entre lo cómico y lo trágico, pues lo cierto es, que sin Estado de derecho no existe democracia, y en este país, lejos de garantizar ese principio fundamental y proteger su condición de patrimonio común en aras a avanzar hacia la normalización y la consolidación del sistema, el nuevo Ejecutivo del PP, reacio con esta asunción, en una manifestación fehaciente de su retrógrada cultura y práctica política, decide finiquitar este referente de ordenamiento y convivencia, e imponer a su antojo la supresión de los derechos y libertades ciudadanas.
De ahí la alarmante deriva hacia postulados de involución, siendo lo mas grave, que tan temeraria orientación se viene perpetrando desde el puesto de mando de la democracia; pues es al amparo de la oficialidad del sistema desde donde se está llevando a término la gran esquilma del orden establecido, cuya única finalidad, no es otra que forzar un estilo de sociedad mas tradicionalista mediante la imposición de reaccionarios vuelcos políticos, con el objetivo, de instaurar como patrón de convivencia un modelo guiado por las rancias normas del pasado.
Es decir, que mientras la sociedad se sume en el embeleso de sus penurias, el fascismo se está despintando la cara utilizando para ello el espejo público de la democracia, y tan rebuscada maniobra, es cuanto menos una maquinación para echarse a temblar.
Por tanto, a tiempo presente en este país, por mas robustez que le queramos otorgar a este régimen, lo cierto es que su raigambre democrática es una completa mascarada, que mantiene por única formalidad un testimonial encuentro con las urnas, concurrencia, que paradójicamente resulta ser la fuente de rendimientos electorales para entronizar y revestir de atribuciones a los mismos políticos que una vez instalados en el poder, mas que tomar vinculo con el mandato del sufragio hacen caso omiso de la voluntad popular, y desde su carácter totalitario prosiguen su incesante camino hacia el absolutismo.
Hay fuerzas políticas que como el PP, son incapaces de aceptar la democracia como un estilo de vida asentado en la consideración de la dignidad humana, las libertades y los legítimos derechos de todos y cada uno de los miembros de la colectividad, y esa negación seguirá invariable en sus principios, porqué, por mas que formalmente participe en democracia, la sobrecarga excedida de sus orígenes políticos le impide dejar el lastre de la dictadura, que se quiera que no, es la auténtica doctrina de sus actos y la verdadera cuna de su linaje.
Prueba de ello es su inalterable negativa a condenar los excesos del franquismo y a sus acólitos apologistas, como su obstinación enfermiza por imponer el espíritu del retroceso, al igual que su habitual instinto a utilizar la jerarquía del poder para promover atrocidades legislativas amparadas en la imposición del ordeno, mando y hago saber, cuya muestra mas reciente es el anteproyecto de la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, una nueva normativa de corte «preconstitucional», que se promulga como herramienta de represión con la exclusiva finalidad de cercenar las reivindicaciones ciudadanas e impedir salir a la calle en defensa de los derechos que confiere el propio marco constitucional.
Impropia de un sistema democrático esta nueva «ley de palo y tente tieso» viene a corroborar que el PP, no satisfecho con desmantelar el estado del bienestar y arruinar el presente y el futuro de la mayoría social, ahora, cuando el resultado de su nefasta gestión se traduce en un agravamiento de la crisis, en otra vuelta a la rosca del autoritarismo, anuncia su determinación de amordazar las libertades y criminalizar todo acto de protesta, prohibiendo al efecto, cuanta réplica se plantee contra sus políticas de degradación y hostigamiento social.
Resultando aberrante que mientras se causa tal agresión contra los inocentes, el gobierno de Rajoy se dedique a mirar hacia otro lado revistiendo de impunidad a los verdaderos responsables de la debacle, a esa infecta trama de corruptos y estafadores que además de infamar la función política tienen en su haber la condición de receptores de sobresueldos en B, la financiación política ilícita, el arriesgado borrado de ordenadores, el comprometido intercambio de SMS, la formalización de finiquitos diferidos, etc., es decir, un rosario de infamias institucionales que por su gravedad son el principal detonante de la extendida alarma social y el verdadero peligro publico para la estabilidad democrática.
Por eso que aparte de una desvergüenza, aparente surrealista que los autores de esas ruindades vengan a ser los mismos, que los que ahora disfrazados de integridad, a través de esa nueva Ley de Seguridad Ciudadana quieran hacernos tragar con ruedas de molino.
En el momento que por acción u omisión admitamos que la España corrupta se erija en redentora del país, de aquella, pasaremos a ser los directos responsables de que nuestra democracia tenga los días contados.
