Robarle tiempo al tiempo, es el título de un bolero romántico, muy en boga, que con maestría interpreta Café Quijano, pero también habría de ser el empeño que debiera de imponerse todo político para llevar a buen término los compromisos electorales que le condujeron al poder, margen merecido siempre que su discurso se sustente invariable, pues si pasadas las elecciones decidiese mudar de mensaje, es obvio que mas que robarle tiempo al tiempo, lo suyo sin la mínima moratoria, sería que liase los bártulos llevando consigo la composición de su partitura apócrifa como fondo musical a la merecida marcha que le acompañe en la dimisión.
Es de señalar que en política, contra inconsecuentes pretensiones, la legitimidad democrática tan solo la otorgan las urnas cuando políticamente se mantienen las obligaciones contraídas en el proceso electoral, sin alteraciones, involuciones ni adulteraciones clandestinas, y solo quien satisfaga esa prevalencia puede arrogarse autenticidad representativa, debiendo ser desalojados de la vida política aquellos que no afiancen esta premisa; pues por integridad y limpieza democrática, no debe ser ejercido el poder por quien lo alcanza mediante malas prácticas o a través del estraperlo electoral.
Cuando esto ocurre no han de caber tolerancias, siendo obligado entonces tomar implicación activa para el restablecimiento de una cultura electoral sustentada en valores, reglas y principios, cuya primera medida por salud democrática, debe consistir en consumar la eliminación y el relevo de quienes tienen por todo ideario la mala praxis de ejercer políticamente como infames y embaucadores.
Todo esto viene a colación porque, el PP a pesar de que la Ley de Partidos, establece que los programas electorales tienen que cumplir la Constitución, lo cierto es, que en las elecciones de Noviembre de 2011, con el claro objetivo de modificar la opinión pública y de esta manera vencer en dichas elecciones y hacerse con el Gobierno del país, no dudó en mentir descaradamente por medio de un falso programa electoral, hecho, que limitó la recepción a una información veraz, y tal impedimento supuso la vulneración de los derechos fundamentales establecidos tanto en el artículo 20.1.d como por extensión en el artículo 23.1 de la Constitución.
Habiendo de añadir a ello que aquella maniobra además de coartar la libertad de elegir libremente a los representantes ciudadanos, tuvo por agravante añadido, que fue el ahora renegado Rajoy, quien como candidato, comprometió ante los electores que aquel programa electoral sustentaría su acción de Gobierno; resultando por tanto una afrenta democrática que quien no limitó sus actos al acatamiento de la Constitución venga ahora a erigirse en adalid de la misma, y para mas desvergüenza, tenga la osadía de arrogarse legitimidad de representación.
Pero si grave fue la emisión de falsa información para ventajosa obtención de rendimientos electorales, mucho mas tortuoso fue traicionar al electorado haciendo transitar aquellos votos robados en el pútrido instrumento de las urnas, en dirección opuesta a su propósito, y así en una faena de devaluación democrática en vez de satisfacer el mandato popular contra todo pronóstico fueron usados para favorecer las turbias maniobras de los poderes fácticos y de los mercados financieros. O quizás seria mas acertado decir, si me permiten la hipérbole, que este Gobierno nos está conduciendo a la involución, por cuanto sus prácticas políticas mas que ajustadas a reglas democráticas son el tránsito directo hacia episodios del mas severo franquismo.
Con la estulticia de sus dirigentes y el desvarío político, de forma irresponsable, el PP está promoviendo el derecho de insurrección, pues el expolio generalizado hace que al pueblo damnificado, harto de ninguneos, se le agote la paciencia y exteriorice su indignación como reacción correctiva hacia quien a propio intento, opta por hundir un proyecto de país en favor de un proyecto de poder, y cuando en razón a ello la tensión se torna extrema, y el Gobierno con sus políticas insiste en contravenir el orden constitucional, en ese momento, más allá de la simple manifestación de descontento, a los afectados les asiste pleno derecho a la desobediencia y a la insurrección al objeto de restituir el orden alterado por esa transgresión, toda vez que con la Constitución en la mano, las drásticas políticas del ejecutivo de Rajoy estarían fuera de la ley.
Cuando después de engañar al electorado, las consecuencias del desfalco democrático afectan perniciosamente a derechos fundamentales de la ciudadanía como el trabajo, la educación y la sanidad, únicamente un infame en vez de proceder en enmienda, intenta aplacar la rebeldía a través del palo y tente tieso de una ley «mordaza», proceder característico de quien decide sustentarse en el poder a base de represión; una deriva involucionista que ningún demócrata que se precie debe estar dispuesto a transigir.
