En este país donde el bipartidismos forma parte consustancial del problema, solo llevando a término la imprescindible reforma constitucional, se darán las condiciones exigibles para erradicar la corrupción
Vivimos en un país donde las organizaciones políticas directamente connotadas con la corrupción intentan ahora dar lecciones de honradez apelando al cumplimiento de la ley de leyes; una extravagante función de suplantación pedagógica que en reciprocidad con el envilecimiento político, obliga poner de manifiesto que tras la indigna doblez de su conducta, los profesionales de la perversión, lo único que pretenden con su clamor por la justicia y lo estatuido, es redimir sus propias miserias a través del cínico manoseo de la Constitución a la que con sus acciones corruptas han venido pisoteando deforma continuada desde los orígenes de su instauración.
Por eso, muy a pesar de erigirse en enérgicos defensores del magno documento de 1978, lo cierto es, que tras la apariencia de los que ahora utilizan la Carta Magna como arma arrojadiza, está la deslegitimación infecta de unos profesionales de la corrupción política que a través de sus prácticas delictivas no solo se han dedicado ha vulnerar de forma sistemática el propio marco constitucional que hoy dicen defender, sino que han llegado al extremo de pervertir el funcionamiento del propio Estado al desnaturalizar su finalidad genuina de servir al bien común, en provecho y ventaja exclusiva de sus propios intereses, hasta el punto de forzar la mutación, que supone sustituir la democracia que nos habíamos dado en la transición. por la consolidación de una extendida cleptocracia, donde auspiciado por el bipartidismo, el latrocinio y la malversación se convirtieron en el referente político por antonomasia.
De ahí que actualmente, cuando a toque de consigna son ellos mismos quienes disciplinariamente intentan imponer desde su despistada moralidad el deber de cumplir la Ley y lo previsto en la Constitución, llegado a este punto, mas que darse por enterados y acatar sus instrucciones, surge como adecuada la ocasión para dar rienda suelta a nuestro deber ciudadano, que no es otro, que devolver la oración por pasiva, exhortando a estos transgresores revestidos de autoridad que han de ser ellos y no la ciudadanía, quien en primer término, salden su deuda con la justicia predicando con el ejemplo; rindiendo cuentas al efecto de sus sucesivos escándalos de corrupción, que pone al descubierto un país de políticos impunes, y de sobrados delincuentes que fortificados en las altas instituciones, siguen disfrutando de completas prerrogativas.
Debiendo entenderse por tanto que son los múltiples casos de corrupción que inundan los informativos audiovisuales y las páginas de los rotativos, la principal razón que se invoca para justificar la progresiva desafección de los ciudadanos hacia los partidos y los políticos involucrados; no remediándose tal aversión con interesadas proclamas de adiestramiento sobre una Constitución superada, cuando el auténtico revulsivo pasaría por arraigar en la sociedad la cultura de la legalidad a través de medidas ejemplarizantes, donde prioritariamente, la primera medida de regeneración democrática habría de consistir en meter en la cárcel al amplio surtido de corruptos que actualmente siguen campando a sus anchas, ejerciendo sus prácticas delictivas a la vez de persistir en su escalada de degradación de la vida institucional.
La primera medida de regeneración democrática, habría de consistir en meter en la cárcel al amplio surtido de corruptos que siguen campando a sus anchas
En consecuencia, una Constitución que es utilizada con empecinamiento como instancia jurídica para impedir expresar la voluntad a quienes reclaman el derecho a decidir sobre su propio destino, por los mismos políticos que al unísono se dedican a esquivar la parte mas controvertida de su propio articulado, siendo tal desencuentro, argumentación suficiente para entender que el entusiasmo de 36 años atrás se ha tornado en desconfianza y que dos tercios de la población según encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ven como papel mojado los 169 artículos de su contenido, además de declararse insatisfechos con su aplicación.
Contestación popular que ha de conducir a una reforma constitucional, pues toda medida de regeneración de mejora de la calidad de la democracia, para que surta efecto, demanda el perfeccionamiento sustancial de esta máxima ley.
Siendo al mismo tiempo la corrupción y la inmundicia moral que nos asfixia, aspectos, que refuerza sobremanera la urgente celeridad en afrontar la mas que necesaria transformación de la Carta Magna, pues el excedido grado de degradación que ha alcanzado la corrupción política, pone de manifiesto que el actual marco constitucional no es en modo alguno herramienta suficiente para poner remedio a una lacra cuyo coste social repercutido está cifrado en 40.000 millones de euros anuales, repercusión que además de obstaculizar la salida de la crisis, impide la generación de empleo, origina ineficiencias en la economía y degrada nuestra imagen en el exterior al tiempo de devaluar todavía mas el nivel de una ya socavada calidad democrática .
Graves resultados, cuya solución en modo alguno la ciudadanía directamente perjudicada, deba poner en manos de una clase política que carga a sus espaldas con la responsabilidad de tres largas décadas de hipercorrupción.
