Los altos niveles de corrupción que sufre el país no se mitigan con inútiles iniciativas de regeneración democrática, sino, obligando a los partidos políticos a contraer responsabilidad subsidiaria de lo defraudado por sus secuaces.
Pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy insiste constantemente en transmitir todo lo contrario, si nos remitimos al contenido del Barómetro que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de septiembre, llegaremos a la conclusión que su implícito viene a indicar que la inmensa mayoría de la ciudadanía harta de promesas incumplidas y de sacrificios estériles, ya no cree para nada en los mensajes de recuperación económica que asiduamente son enviados con ánimo publicitario desde las filas del Ejecutivo.
Así es que dos de cada tres encuestados, manifiestan que no solo han perdido toda fe en la mejoría de la situación, sino, que la frustración causada por las inadecuadas políticas aplicadas, ha extendido el nivel de pesimismo, hasta el extremo, de percibir los consultados que dicha realidad mas que apuntar tendencia proclive a la mejoría, expresen que a su entender se agravará sustancialmente de aquí a un año vista; siendo por tanto prácticamente virtual el número de ciudadanos que demoscópicamente consideran la situación económica como aceptable o que en su caso vislumbran alguna posibilidad de reactivación.
Pero si los datos del futuro económico se predicen borrascosos, idéntico pronóstico augura la ciudadanía para el desempleo, que a su juicio se mantiene como el principal problema de preocupación, y que a pesar de un exiguo descenso, sigue ostentando la posición de máximos históricos; una situación que persiste y proseguirá invariable en tanto que el Gobierno siga suplantando cometidos y arrogándose atribuciones en materia de creación de empleo, cuando tal objetivo no es para nada su tarea, sino que su función debiera ceñirse expresamente al establecimiento de un marco institucional favorable, capaz de estimular la inversión productiva e imprimir un cambio de rumbo a la errónea dirección que se ha llevado a término hasta ahora. Debiendo en todo caso facilitar el liderazgo y el papel protagonista a los auténticos operadores de la iniciativa empresarial, que no son otros, que los acreditados motores en la creación de riqueza y empleo cuyo principal referente viene a recaer en los autónomos y las Pymes
Pues resulta un todo evidente, que siguiendo el actual modelo y las propuestas llevadas a término por la clase política dominante, se podrá enmascarar el problema; pero será completamente improbable que al amparo de tales medidas se pueda reducir en lo mas mínimo la tasa de paro que se registra en nuestra economía.
Si todo lo anterior tiene efectos desquiciantes, hay un aspecto del último Barómetro del (CIS, que se antoja totalmente peliagudo, tal es, el hecho de haber subido más la preocupación ciudadana por la corrupción que por el paro, al suponer tal contraste una expresión inequívoca que convierte a España en un laberinto de complejidad, dado el fracaso demostrado por el Gobierno en la gestión del Estado, pues al tiempo de meter mano dura a los derechos fundamentales de la ciudadanía, no reparó lo mas mínimo en seguir otorgando carta blanca al desenfreno político; y toda esa consolidación de disparidad formando parte de una maraña de degradación, donde, como diría Frank Herbert, «la corrupción lleva infinitos disfraces».
La identidad real del país, mas allá de formulismos democráticos atiende en exclusiva a un régimen dominado por la corrupción extensiva
Por eso que prestar credibilidad a las encuestas del CIS, como centro demoscópico del Gobierno, cuando es harto sabido que después del impecable trabajo de los técnicos su contenido es manipulado tendenciosamente por los cargos políticos de ese instituto, resulta cuanto menos un ejercicio de ingenuidad, máxime, cuando tras el maquillaje aplicado, sus pronósticos no dejan de ser simples presagios exentos de toda fiabilidad .
Lo suyo sería concluir que la identidad real del país, mas allá de formulismos democráticos atiende en exclusiva a un régimen de corrupción extensiva que amparada tácitamente por unos partidos políticos gangrenados, su repercusión, además de haber causado la catástrofe económica, generalizó el desempleo y creó desprotección total en la ciudadanía; con el perjuicio añadido, que el derecho penal resulta arma insuficiente e insatisfactoria para combatir eficazmente su erradicación.
Trágicas derivaciones que en modo alguno serán resueltas a través de engañosas pantomimas de regeneración democrática, pues toda iniciativa correctora, lo es tan solo, al acredita su plena eficacia.
Y cuando la corrupción en vez de un delito pasa a ser la gran excusa de financiación política, cuando los niveles superiores e intermedios de la administración están tomados por atracadores afines y la universalización de la deshonestidad alcanza directamente a los cargos políticos, llegado a este extremo, no hay mas remedio que obligar que los partidos políticos sean responsables subsidiarios de las turbiedades y del dinero defraudado por sus militantes y protegidos, desempeñando así función de centinela que por el riesgo repercutido se convierta en la solución efectiva para extirpar esta pandemia.
