Cartas al Director

Los altos niveles de corrupción que sufre el país no se mitigan con inútiles iniciativas de regeneración democrática, sino, obligando a los partidos políticos a contraer responsabilidad subsidiaria de lo defraudado por sus secuaces.

Pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy insiste constantemente en transmitir todo lo contrario, si nos remitimos al contenido del Barómetro que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de septiembre, llegaremos a la conclusión  que su implícito viene a indicar  que la inmensa mayoría de la ciudadanía harta de promesas incumplidas y de sacrificios estériles,   ya no cree para nada en los mensajes de recuperación económica que asiduamente son  enviados con ánimo publicitario  desde  las filas  del  Ejecutivo.

Así es que dos  de cada tres encuestados, manifiestan que  no solo han perdido toda fe en la mejoría de la situación, sino, que la frustración causada por las inadecuadas políticas aplicadas, ha extendido el nivel de pesimismo, hasta el extremo, de percibir los consultados que dicha realidad mas que apuntar tendencia  proclive a la mejoría, expresen que a su entender   se agravará sustancialmente de aquí a un año vista; siendo por tanto prácticamente virtual el número de ciudadanos  que demoscópicamente consideran la situación económica como aceptable o que en su caso vislumbran alguna  posibilidad de reactivación.

Pero si los datos del futuro económico  se predicen  borrascosos, idéntico  pronóstico augura la ciudadanía  para el desempleo, que a su juicio  se mantiene como  el principal problema de preocupación, y que a pesar de un exiguo descenso, sigue ostentando la posición de máximos históricos; una situación que persiste y  proseguirá invariable en tanto que el Gobierno siga suplantando cometidos y arrogándose  atribuciones en materia  de creación de empleo, cuando tal objetivo  no es para nada su tarea, sino que su función debiera  ceñirse expresamente al establecimiento de un marco institucional favorable,   capaz de  estimular la inversión productiva e imprimir un cambio de rumbo a la  errónea dirección   que se ha llevado a término hasta ahora. Debiendo en todo caso facilitar el liderazgo  y el  papel protagonista a los  auténticos operadores  de la iniciativa  empresarial, que  no son otros, que los acreditados  motores  en la  creación de riqueza y empleo  cuyo principal referente  viene a recaer en los   autónomos  y las Pymes

Pues resulta un todo  evidente, que siguiendo el actual modelo y las  propuestas  llevadas a término  por  la clase política dominante, se podrá enmascarar el problema; pero  será  completamente improbable  que al amparo de tales medidas se pueda reducir en  lo mas mínimo la tasa de paro que se registra en nuestra economía.

Si todo lo anterior tiene efectos desquiciantes, hay un aspecto del último Barómetro del (CIS,   que se antoja   totalmente peliagudo,   tal es, el hecho de haber subido más la preocupación ciudadana  por la corrupción que por el paro, al suponer  tal contraste  una expresión  inequívoca  que  convierte a España en un laberinto de complejidad, dado el fracaso demostrado por el  Gobierno  en la gestión del Estado, pues  al tiempo de  meter mano dura  a los derechos fundamentales de la ciudadanía, no reparó lo mas mínimo  en seguir  otorgando carta blanca  al desenfreno político; y toda esa consolidación de disparidad formando parte de una maraña de degradación, donde, como diría Frank Herbert, «la corrupción lleva infinitos disfraces».

La identidad real del país, mas allá de formulismos democráticos atiende en exclusiva a un régimen dominado por la corrupción extensiva

Por eso que prestar  credibilidad  a las  encuestas del  CIS, como centro demoscópico del Gobierno,   cuando es harto sabido  que  después del impecable trabajo de los técnicos su contenido  es manipulado tendenciosamente  por los cargos políticos  de ese instituto, resulta cuanto menos un ejercicio de ingenuidad, máxime, cuando tras el  maquillaje aplicado, sus pronósticos no dejan de ser  simples  presagios exentos de toda fiabilidad .

Lo suyo sería concluir que la identidad real del país, mas allá de formulismos  democráticos atiende en exclusiva  a un  régimen de corrupción extensiva que amparada tácitamente por unos  partidos políticos gangrenados, su repercusión,   además de haber causado la  catástrofe económica, generalizó el desempleo y creó desprotección total en la ciudadanía; con el perjuicio añadido,   que el derecho penal resulta arma  insuficiente e insatisfactoria para combatir eficazmente su erradicación.

Trágicas derivaciones que en modo alguno serán resueltas a  través de engañosas pantomimas de regeneración democrática,   pues toda iniciativa correctora, lo es  tan solo, al acredita su plena eficacia.

Y  cuando la corrupción en vez de un delito  pasa a ser la gran excusa de financiación política, cuando los  niveles superiores  e intermedios de la administración están tomados por atracadores afines y la  universalización de la deshonestidad alcanza directamente  a los cargos políticos,   llegado a este extremo,   no hay mas remedio que  obligar que los partidos  políticos sean responsables subsidiarios   de las turbiedades y del dinero defraudado por sus militantes y protegidos, desempeñando así función de centinela que por el riesgo repercutido se convierta en la   solución efectiva para extirpar esta pandemia.