El hecho de no lograr en estas Generales una confluencia de izquierdas, daría al traste con una oportunidad histórica para el cambio, que además de disuadir al electorado, actuaría como acicate del neoliberalismo y refrendo a la continuidad de los ajustes y políticas de austeridad.

Que cada uno somos rehenes  de  nuestras propias circunstancias, es algo que de origen  parece cierto, pero que la  realidad hace que tengamos que reconsiderar,  pues a la hora de evaluar  el  alcance de nuestras circunstancias  y ejercer la opción de cambiarlas, nosotros mismos renunciamos a ello; y optando por su colectivización nos dejamos   guiar por la inconsciencia, encomendándonos ingenuamente a la fascinación de las promesas políticas, llegando al contrasentido  de requerir solución de nuestras adversidades a los propios promotores de las mismas, otorgando así confianza  a unos partidos políticos que perpetuados en el escándalo y la corrupción  no dudaron en   convertir  la democracia en la mas grotesca  de las comparsas para deleite y satisfacción de sus mas acérrimos detractores, impidiendo con ello  por manifiesto antagonismo que el hacer  político del bipartidismo sea respuesta a   los problemas de la sociedad.

Pero a pesar de la veracidad  de  esta percepción,   cuando la respuesta  de quienes colectivamente habrían  de  postularse   como solución  alternativa  no debiera hacerse esperar, paradójicamente es la inmadurez quien se impone   como lo exterioriza el desafortunado comportamiento  de sus integrantes,  mas proclives a  afianzarse en  cantonalismos estériles  que ceder de su cerrazón, para así   aunar esfuerzos  tendentes a la conformación de  una candidatura de acción conjunta,   muy a diferencia  de lo sucedido  en épocas pretéritas con el establecimiento ejemplarizante del  Frente Popular, que  actualmente, sigue siendo  la única  y exclusiva fórmula capaz de poner remedio  las gravísimas desigualdades sociales y asimetrías de todo orden a que nos ha conducido la alianza de intereses  del  neoliberalismo globalizador.

Es por eso que resulta desconcertante que  cuando la coincidencia es plena entre las partes  a la hora de  postular  la erradicación del modelo neoliberal  como un todo incuestionable, sean los ecos del silencio la respuesta dominante  en el diálogo del  sordos que mantienen quienes por  responsabilidad estarían obligados a alcanzar en  avenencia un acuerdo de unidad electoral.

La opinión de las bases difiere del parecer que mantienen las cúpulas de los distintos partidos, por lo que sería bueno que diesen la palabra a la gente

Cuesta creer por tanto que mientras esto ocurre y sólidos valores se resquebrajan,   como si nada estuviera pasando, los lideres del antineoliberalismo  y por extensión opositores al   bipartidismo y referentes  de  la izquierda social, cuando  la gran coalición bipartita ya está funcionando desde la modificación exprés del artículo 135 de la Constitución y la reproducción   de la  estafa del 78 es su otro gran  objetivo,  lejos de tomar escala del asunto y proceder  en confluencia   articulando  un frente amplio de neutralización, los afectados parecen no quererse enterar a pesar de la emergencia  de la situación,   y  aún cuando,   subyace un acoso  político en cubierto,    toda vez  que   ambos  partidos dinásticos. tienen fijada   la laminación de la izquierda como objetivo a batir y  tan solo con esta intención  ya debiera ser  razón mas que sobrada     para consolidar la unidad de acción  como respuesta.

En este ámbito de desencuentros  es probado que la opinión de las bases difiere en lo sustancial del parecer que mantienen las cúpulas de los distintos  partidos,  por lo que en buena lógica, para sortear toda  divergencia,   sería bueno  por efectividad e incluso por  salud democrática, que los aparatos de las organizaciones diesen la palabra a la gente en participación de confluencia, sin reservar  una determinación de tal calibre a la exclusiva resolución de los dirigentes políticos, pues esa alianza de  izquierdas, para su legitimación, ha de ser construida  desde la concurrencia para que nadie caiga en la tentación  de hurtar a la gente su derecho a decidir.

Por tanto, de no proceder en consecuencia y llevar a buen puerto  la necesaria  confluencia electoral para el cambio, del fracaso  cosechado, todos los intervinientes  sin excepción serán los  culpables, como cómplices  a la  vez,  de avalar con su negligencia  la  continuidad  del poder  oligárquico y favorecer con sus desencuentros  la permanencia  del bipartidismo y todo su parapeto  institucional, y por tanto, quienes por irresponsabilidad, previo a su dimisión, habrán de rendir cuentas ante el electorado   al que tendrán  que explicar los motivos  de convertir una oportunidad  histórica para la transformación social  en una ocasión perdida, y con eso, la continuidad en el tiempo de los ajustes y las políticas autoritarias.

Es por eso, que cumple darle tiempo al tiempo y oportunidad a la reflexión.

El paro es inherente a la austeridad como sistema económico, y por tanto, todo intento de generar empleo pasa irremediablemente por erradicar de antemano la continuidad del factor causante.

La inadecuada transformación  socioeconómica sobrevenida  en nuestro país en los últimos tiempos,  fue sin duda el  factor causante  de la profunda alteración  del mercado de trabajo, y motivo por tanto de la   destrucción  masiva de empleo,    que de forma desmedida  disparó los índices de paro poniendo en evidencia  los desajustes estructurales de  nuestra economía  y la  total incapacidad  del actual modelo  productivo para generar los puestos de trabajo suficientes  para  dar cobertura  de forma efectiva a la demanda potencial  del mercado laboral.

Alteración  que afectó a  la anterior   división del desempleo  sin distingo de la  rama de actividad, ni del sector económico, ni grupo social; contribuyendo a incrementar de forma desmedida  el nivel de  marginación de colectivos específicos como proclama la situación de  los grupos de edad, representados por  los mayores de cincuenta años que  anticipadamente fueron expulsados del mercado  en la recta final de su vida laboral, al igual que  el sector de gente   mas jóven,  que sin éxito buscan desesperadamente  un  primer empleo que nunca llega.

Aspectos todos ellos que perpetúan las altas y persistentes tasas de paro,   que de no reducirse y prorrogarse en el tiempo, amenazan con disparar una conflictividad contenida  y quebrar  así la debilitada  estabilidad de un  sistema que se mantiene artificiosamente, porque las familias de los afectados, en «consorcio de subsistencia», contribuyen al menos en parte, a redistribuir la exigua renta entre los  miembros de su unidad  que tienen trabajo y aquellos  otros que no lo tienen; circunstancia que sin cuestionar su condición solidaria, oficializa la precariedad  sin contribuir   en modo alguno  a la resolución del problema, pues tras todo intento de relativizar la  pobreza absoluta de los parados se esconde la malsana intención de  desactivar su   capacidad  reivindicativa.

Para afrontar el problema del paro de forma solvente, lo menos recomendable es seguir confiando su solución a los agentes de la economía especulativa  como hasta ahora se vino haciendo, pues en buena lógica,   la primera exigencia que se debe asumir para crear empleo es tomar conocimiento preciso  sobre qué factores fueron los causantes de su  destrucción,  analizando  igualmente los motivos que hicieron que nuestro nivel  de paro sea disparatadamente  mayor al de los  países del entorno próximo como también porque su evolución tuvo un comportamiento  perniciosamente distinto.

La precaria situación que vive el país además de constatar el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad, puso de manifiesto sus efectos devastadores

Ya que  solo profundizando en esta línea de análisis se podrá  tomar conocimiento diferencial del problema y así establecer el tratamiento adecuado que proporcione soluciones  definitivas para crear empleo, porque las otras  “soluciones», las  aplicadas sobre el particular   en los  últimos años por las fuerzas políticas  sin distinción de siglas, mas que arreglar las durísimas cifras de desempleo fueron  proclamas interesadas, utilizadas en períodos de campaña con el fin expreso de alcanzar réditos electorales,   para una vez   logrados, omitir todo compromiso sobre el particular,   y como ocurre en el caso del Ejecutivo de Rajoy,  dejar que el impulso del neoliberalismo y  la austeridad impusieran   la voz cantante.

No reparando lo mas mínimo, en  reconocer  que en materia de paro, después de cuatro años de legislatura  dejarán las cosas  en bastante peor situación que cómo la encontraron, es decir  todo un enfoque institucionalista  de percibir el  paro como un subproducto no deseado aunque de irremediable solución, pero también una manifestación que por desafortunada   además   de poner en tela de juicio  la fiabilidad  política de su  autor,  representa  un corte de mangas a la trágica  situación de millones de ciudadanos  que sin expectativas de futuro  llevan años  padeciendo  esta lacra.

Las nuevas formas de funcionamiento de la economía, haciendo que  la economía especulativa impusiera su primacía  a la economía real  hasta relegarla al ostracismo, por anacrónico comportamiento, sus  consecuencias no se hicieron esperar y fueron demoledoras, hasta el punto de convertir al  sector  productivo español en un  enfermo crónico con sus indicadores en números rojos, y todo, como consecuencia  del corte del crédito  y la reducción de la demanda   que por inducción de  la crisis ocasionó un proceso interminable  de suspensiones de pagos y quiebras, forzando  la desaparición de una amplia fracción  del tejido empresarial que provocó  una dilatada reducción de la actividad, haciendo que variables como el empleo se derrumbasen. y que para mayor complejidad,  el sector  productivo de la economía como  referente  dinamizador  del mercado laboral  se viese sustancialmente frenado,   y con  ello agravada,   aún mas la ya de por si compleja  problemática del paro.

La  precaria situación que vive el país  además de constatar  el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad,   puso de manifiesto sus efectos devastadores, no resultando por tanto conveniente prorrogar por mas  tiempo su continuidad, que si,  aplicar medidas acordes a nuestra realidad,   que necesariamente  pasan por compaginar  políticas de crecimiento  con soluciones de  rescate y diversificación empresarial,   que permitan sustanciar mejoría en la solidez y comportamiento  del sistema productivo, para así,  poder avanzar  desde la economía real  hacia  la diversificación  y generación de empleo.

Siendo imprescindible para ello, contar  con  el cambio político de afinidad, por ser este planteamiento  la antítesis de la austeridad.

Con Alemania desempeñando la función de gendarme político de la austeridad y el neoliberalismo interpretando el papel protagonista, no solo será el euro el que esté en peligro sino también el futuro de la propia Unión Europea

Digamos que sirve para validar en el contexto  de la Unión  el gran negocio de especulación financiera que tiene instaurado la Káiser  Merkel en  mayor o menor  detrimento  del resto de los países miembro, pero  la austeridad por sí sola, no es para nada   la fórmula adecuada  para salir de la crisis, y eso resulta  así  de evidente ya que la propia  realidad  de su aplicación difiere en lo sustancial  de la teoría  de  sus postulados,   por mas que  la canciller en su cerrazón   rechace  el hecho cierto de su disfuncionalidad y siga manteniendo  la  imposición de su vigencia  al igual que su negativa a aceptar un cambio de solución,   y todo con el único afán,   de hacer  perseverar  su supremacía e imponer de ese modo  que  el resto  de sus socios europeos  hayan de renunciar a su idiosincrasia  y se vean   forzados a asumir como propias las pautas impuestas desde el  país  teutón.

La narrativa  de Europa se ha de escribir de otra manera,   por cuanto,   después de una década de utilización continuada del recetario de  sello alemán, la  mejoría  resultante de la austeridad  en modo alguno  se ha dejado notar, mas bien al contrario,   de seguir  atrincherados en sus políticas y no reconducir la situación,   los países de la Unión en su conjunto  corren el riesgo  de sumirse  en una crisis existencial; por  resultar un anacronismo tratar con disciplina prusiana   el control del déficit y la deuda, al tiempo de  relegar a  un segundo plano la aplicación de las necesarias  medidas de   crecimiento y generación de empleo.

Desajuste, con el que  difícilmente se podrán reducir  los desequilibrios  que  se dicen combatir, siendo por eso  que contra todo pronóstico oficialista,   la austeridad, como receta de reactivación no funcionará mientras el sistema financiero no actúe en clave de crecimiento, y toda decisión  opuesta, por equivocada, no hará  mas que agravar la situación hasta el extremo de conducirnos  a una nueva contracción.

Pero eso en Berlín  no  preocupa lo mas mínimo, pues como queda dicho, las políticas de austeridad que el gobierno alemán presidido por la canciller Angela Merkel está imponiendo a los países periféricos de la Eurozona reporta pingües beneficios tanto a la banca como al propio Estado alemán, y eso por el pernicioso  efecto repercutido en la crisis de los países subordinados,   que  afectados por las medidas de austeridad  ven acentuado su índice  de desconfianza ante los mercados; un efecto desestabilizador  que además  de disparar  los intereses de sus respectivas  deudas, contribuye  a que el bono alemán  se convierta en un depósito seguro,   y que en razón a ello,   el  flujo de capitales hacia su  sistema financiero sea preferente, con el agravante añadido  que tal dominio se ha establecido a costa de perjudicar a una gran mayoría  de los  países miembro.

Dinámica de confrontación que  no solo causa  los desequilibrios económicos  antedichos, sino que tras las  políticas de austeridad por su trasfondo  de insolidaridad, se vislumbra la destrucción  a pasos agigantados del  muy debilitado marco de cohesión, acentuando con ello  el efecto  de  su principal repercusión,   que no resulta ser otro  que el cuestionamiento  de la viabilidad de la Unión Europea como tal,   pues la idea de la  unidad necesita algo más que retórica y buenas intenciones de permanecer juntos, por cuanto su consecución no será factible  si no se aplica la receta debida  con que poner punto final a   las controvertidas desigualdades existentes, por depender de ello  la supervivencia o el fracaso de Europa.

Encasillar indebidamente a las gentes del sur, tratándolos como unos derrochadores que se excedieron en nivel viviendo por encima de sus posibilidades:

Por eso, contrariamente a la recurrente tesis germánica,   se ha de insistir  diciendo   que el verdadero origen de la actual situación económica  en el marco de la Unión,   tiene su motivación  en   el rescate masivo del  sector financiero,   y no como indebidamente se intenta  hacer creer, al afirmar, que obedece   a   un gasto excesivo por parte del sector público en los países del sur de Europa.

Toda una interpretación  sesgada de la crisis, realizada a propio intento con la mala  intención de encasillar  indebidamente a las gentes del sur,   tratándolos como  unos derrochadores que se excedieron en nivel viviendo por encima de sus  posibilidades,  y que en razón a ello,   ahora están obligados a redimir  sus demasías plegándose a la penitencia de la austeridad.

En razón a ello, cumple  finalizar confirmando   que después de su largo período de aplicación,   y a la vista  de los nefastos resultados cosechados, no queda  otra  que sentenciar    que la austeridad  ha fracasado estrepitosamente,   por mas que la canciller Merkel y demás lideres defensores  de su aplicación  continúen negando esa realidad sobre una teoría que está desacreditadadesde mucho tiempo atrás, y cuyo desastre resulta total y absoluto como pone de manifiesto el generalizado  estancamiento  de la inmensa mayoría  de las  economías de la Unión Europea  y muy especialmente  la continuidad del desempleo como principal víctima  del naufragio.

Siendo obligado  erradicar su continuidad, que    irremediablemente pasa  por mudar en las urnas la representación política otorgando una apuesta por el cambio,   que debe recaer en hombres y mujeres de refresco,   que alternativamente,   opten por la senda de un crecimiento inclusivo que favorezca la reactivación económica  y el rescate de la sociedad en su conjunto .

Y todo, al margen que el Rajoy de turno  venga a falsificar la realidad  contándonos  la fantasía  de la  versión contraria

Quien como el PP, tiene en su haber la deslealtad de ser parte implícita de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española, nula potestad puede ostentar para poner en tela de juicio la celebración del referéndum griego

Lo que ocurra en Grecia es algo que  no nos debe preocupar lo mas mínimo, eso al menos es el parecer  que se deduce si hacemos caso  de las declaraciones del presidente  Rajoy, quien  refiriéndose a la crisis griega,  no dudó en sentenciar que las políticas aplicadas por su  gobierno durante la actual legislatura, impiden que en  España pueda pasar lo que está ocurriendo en el país heleno, y todo, porque  a entender de su petulancia, con diferencia,  el  nuestro es un país serio que tiene un Gobierno serio; toda  una fatídica afirmación que además de  ser incierta, por  aleatoria, equivale a insinuar que el Ejecutivo de  Tsipras, a su entender dista mucho de alcanzar la seriedad debida,

Desafortunada actitud  la  de nuestro máximo mandatario, que además de poner en tela de juicio la legitimidad y la soberanía que le asiste al gobierno de SYRIZA   para convocar el referéndum, con  su intromisión  y tendenciosas opiniones viene a  contravenir la neutralidad que la situación requiere, y con ello pervertir la naturaleza del proceso, cuya verdadera finalidad, no  es otra  que darle la palabra al pueblo  griego  para que sea este quien decida a través de las urnas  sobre el  litigio entablado a tenor  de las exigencias leoninas de las  tecnocráticas instituciones europeas y el FMI, es decir de la Troika, cuyo alcance al colisionar con su propio programa electoral, exige  en consecuencia, que el ejecutivo heleno por resultarle inasumible su cumplimiento  opte por el refrendo popular, y esa determinación   aunque  a Rajoy y a todo el séquito neoliberal  les  aborte su embarazo austericida, democráticamente tal actitud   es un referente de transparencia y en si mismo  un exponente de rigor  y seriedad.

Ese empeño de  Rajoy  en  reivindicar la seriedad  del PP, la de su gobierno  y la suya propia, tratando a los demás de ‘zascandiles y amateurs’, no resulta ninguna novedad por  ser  práctica recurrente de su hacer político,   una actitud que se acentúa  en intensidad  en vísperas electorales  o cuando  ve en peligro la prórroga de su  continuidad, y sirva como validación de lo dicho  la crono historia,  trayendo a  colación  actuaciones  de  su carrera política,   como la sobrevenida  cuando el  petrolero Prestige había empezado a partirse en alta mar, y nuestro protagonista  en un intento de minimizar  el desastre  se inclinó  por   corromper  la realidad, y actuando en  papel de   portavoz del Ejecutivo, decidió como autor intelectual, elevar a celebridad el solemne disparate  de los “hilitos de plastilina en estiramiento vertical”. Todo un bautizo de mitomanía y origen en cubierto de la singular  percepción de su tan postulado síndrome de seriedad.

Desde aquel entonces ha utilizado la mentira recubierta de aparente seriedad, una dualidad  antagónica  que  convertida en practica usual  utilizó ya fuese  en funciones  de gobierno o como  oposición,  y que no reparó lo mas mínimo en emplear en su asalto al poder cuando  durante la campaña del 2011,   como jefe de la oposición, ocultando sus verdaderas intenciones prometió al electorado lo que sabía de antemano  que no iba a cumplir, para una vez  alcanzado su objetivo y después de asegurar  en investidura  que en la política no existía herencia a beneficio de inventario, dejar sin efecto tal afirmación  para seguir repitiendo en cada debate  la retahíla de la   herencia recibida desde su llegada a la Moncloa,   y todo  para tapar su incapacidad como Presidente, y esconder de ese modo su nulidad  en el planteamiento  alternativas distintas a las  políticas  de  recortes y austeridad.

En este caso, lo  incoherente por parte  del presidente Rajoy es su carencia de uniformidad  cuando Grecia pasa a ser  el referente de debate,   pues  si el Ejecutivo del PP  en la recta final de su legislatura sigue escudándose en la transmisión heredada   de sus predecesores  en evasión de responsabilidades, resulta  cuando menos inaudito que quien utiliza en beneficio propio la repercusión de sucesiones políticas,     arremeta contra un recién llegado  Tsipras evitando reconocer en este caso la “herencia recibida” por el nuevo ejecutivo heleno, cuya responsabilidad recae paradójicamente en su colega Samaráns,   líder  de Nueva Democracia, que a la sazón resulta ser homónimo del PP en aquel país, y  que para mayor complejidad, era la organización política  que  gobernaba en los años en que Grecia engañó a Bruselas escondiendo sus cifras reales de déficit público.

El referéndum griego al que el  ex primer ministro del país calificó  como «un golpe de estado», lejos  de tan desequilibrada  apreciación,   ha de ser interpretado en sus justos términos, que no son otros que los  correspondientes a  una contienda  entre los intereses contrapuestos de   la  democracia  y  el neoliberalismo, y cuya oposición, internamente  lo conforma  el bloque de las fuerzas conservadoras del país,   que además de estar absolutamente corrompidas  y asociadas al capital financiero, ejercen como defensoras de las políticas de austeridad. Siendo los detractores externos las  fuerzas afines  del resto del  marco europeo  que como el PP en España, son la representación  de la corriente asociada  a la tesis neoliberal y en consecuencia  posicionadas radicalmente  a favor de mantener en sus términos  la continuidad del actual modelo económico.

El mayor obstáculo para evolución municipal radica en la continuidad de un obsolescente modelo urbanístico, que solo tendrá solución, desde la acción combinada de medidas de desarrollo económico y social con políticas de cohesión territorial.

A la hora de establecer  los recién conformados   «ayuntamientos de   progreso», aún y cuando entre sus integrantes a efectos programáticos fusionaron sensibilidades políticas de afinidad, durante  el proceso constitutivo, el gran ausente fue sin duda el urbanismo, y eso, a pesar que desde  el estallido de la crisis en el 2007 la quiebra del modelo que nos condujo a  ella   se hizo mas patente como    la disfunción territorial más  evidente, y cuando en razón a ello, desde un análisis crítico de la situación los nuevos regidores  municipales  debieran  tomar encuentro con la realidad adjudicando  especial protagonismo al establecimiento  de instrumentos y estilos alternativos  de planificación urbanística, la realidad fue que  contra todo pronóstico  las cosas discurrieron por derroteros opuestos.

Pues en vez de proceder en consecuencia,   prefirieron no hacer lectura de  las causas  que ocasionaron la actual «eutanasia urbanística», no entrando  por tanto en  el fondo de la cuestión, renunciando así  a la necesaria catarsis que con  carácter   ineludible habría que afrontar políticamente  para afianzar con solvencia un modelo urbanístico de futuro, planteado acorde  a la realidad del momento,    y por tanto, diametralmente divergente con el  estereotipo del urbanismo mercantilista de épocas pretéritas, resultando tal actitud  además de un error de estrategia,  una sordidez política, pues difícilmente se puede hablar de cambios y progreso en la esfera municipal cuando institucionalmente  se mantiene vigente el modelo urbanístico desencadenante del   escenario de la crisis  que estamos a padecer.

Por mas maximalismos que se esgriman, cumple afirmar  que sin mediar como  apremiante un cambio de perspectiva acerca de la innovación política en el territorio y el urbanismo, es impensable un cambio efectivo en el hacer  municipal, pues para que tal objetivo  pueda llevarse a término  no basta con alardear   de conciencia progresista  al ser necesario previamente un ejercicio de correspondencia para  lograr la traducción efectiva de planteamientos, a través de la puesta en práctica  de   políticas sobre ordenación del suelo que desde la transversalidad contengan ingredientes participativos que permitan aflorar  nuevos modelos de gestión   y una dialéctica  urbanística renovada; pues sin darse  esa premisa, huelga decir, que  toda retórica  sobre el cambio en la función política,   mas que hacerse visible pasará a formar parte de la esterilidad.

Lo que quiero decir, es que para llevar a término  el cambio político en la esfera  municipal, no basta con proclamas de intenciones, pues  la cosa ha de ir mas allá, toda vez que  la  agenda hacia la evolución   demanda de forma seria   tomar conocimiento preciso de la situación promoviendo  al efecto  las modificaciones y revisiones necesarias en evitación que la  legislación de un urbanismo obsoleto  interrumpa el proceso de renovación política. Riesgo evidente  como pone de manifiesto la continuidad de la  totalidad de las figuras del actual  planeamiento  genuino, que por su desfase  con la  realidad  limitan toda iniciativa  de renovación en el ámbito  local, convirtiendo  su contenido    en meros inventarios  catastrales con exclusiva   finalidad recaudatoria,   que en la mayoría de los casos se hace marcadamente ostensible  cuando su inadecuación delata que  los valores impositivos  superan con creces a las propias tasaciones  de mercado.

Para el cambio en la esfera local, es necesario afrontar las revisiones necesarias en evitación que la legislación de un urbanismo obsoleto interrumpa el proceso de renovación política

Es por eso que actualmente el urbanismo atraviesa  sus horas más bajas desde la transición y no tan solo por la contracción  impelida  por la crisis en su actividad, sino especialmente,   por el empeño de seguir  manteniendo  operativo en el tiempo el  agotado modelo de un  crecimiento desaforado, cuando la inexistente presión urbanística recomienda  justo lo contrario,   toda vez que  el alcance de su contenido difiere en los sustancial   de ser coherente con la reactivación económica como también con las necesidades  de la  ciudadanía.  Siendo por eso que ahora, sin que  quepa dilación, toque recuperar el tiempo perdido y corregir los errores llevados a cabo al amparo del urbanismo desarrollista de épocas pretéritas, afrontando al efecto, un cambio de patrón urbanístico y de intervención  territorial que por su condición resolutiva permita  el mayor aprovechamiento de los recursos de su ámbito  y reduzca a la  mínima expresión sus efectos  negativos.

Queda visto  que la actual crisis urbanística  es sobre todo  una crisis social y política, que como tal  se ha de combatir y erradicar, por eso  que en  tiempos tan revueltos como los presentes, de grandes dudas y casi parálisis,  la inacción participativa resulta ser el peor de los aliados, siendo necesario mas que nunca la puesta en marcha  de un modelo  urbanístico  alternativo, la entrada en escena de  una ética diferente en  la planificación de soluciones y que la ciudadanía tenga garantizada participación en la construcción de su propio  futuro.

De ahí la consecuencia de fusionar en los respectivos Programas de Actuación Urbanística del planeamiento resultante, cuantas iniciativas de índole municipal sean posible incorporar como  directivas programáticas,  prescindiendo así de la mala praxis de  los cabos sueltos  que caracterizan el  inicio del mandato de unas corporaciones  que por su condición progresista, debieran ser un ejemplo de severidad.

La desafección de la sociedad con la política, las instituciones y las reglas del modelo surgido en la transición de 1978, pone de manifiesto el agotamiento del actual régimen político, cuya solución pasa por impulsar un Proceso Constituyente de consolidación de un nuevo proyecto de país.

El cataclismo electoral que el 24 de mayo causó un  vuelco en la representación de plazas emblemáticas del poder  político  dominante,  sería  un sinsentido  interpretarlo  como un referente coyuntural,   como algo pasajero que no tendrá continuidad, pues lo acontecido debe  entenderse como la antesala de  lo que queda por venir, y todo porque los electores como responsables indirectos  del penoso espectáculo  ofrecido  por los miembros  del oficialismo  político, hartos de su  lento pero intenso deterioro, esta vez, de forma deliberada  decidieron cambiar su voto  y así prescindir  de la representación  de unos políticos que además de ser  poco eficientes en su gestión, su honradez resultaba cuanto menos  cuestionable en razón  a su despreocupación por el interés general y su desmedida  inclinación al patrocinio de  sus propios intereses y los de las élites del poder.

Actitudes que en gran medida fueron minando la confianza de los electores, que tras ocho años de crisis sin solución se volvieron  mucho mas críticos e  intransigentes como consecuencia de la ineficiencia del bipartidismo, en el que solo  han tenido cabida dos opciones políticas de muy corto recorrido,  como fueron  la inducida por la  austeridad  y los  recortes, o en su defecto, la impelida por el obsoleto modelo  de los estímulos económicos, cuya aplicación en alternancia, al mismo tiempo de  colapsar la economía provocó  que aquella  España política dejase de ser  la solución alternativa a los problemas del país, siendo esa evidencia algo que  hace tiempo trascendió al  conjunto de la ciudadanía, no resultando por eso extraño que tanto el PP como el PSOE  pulvericen todos los récords de pérdida de confianza  y por añadidura se dispare   su desplome en las urnas.

Debiendo  interpretarse por tanto, que de persistir  en sus postulados, ambas formaciones políticas mas que recuperar  las cotas de poder perdidas, seguirán en su declive  a riesgo  de  convertirse en partidos marginales expuestos a la  desaparición, acentuándose  la posibilidad a tal desenlace por su desconexión con  el interés general,   y muy especialmente,   por su comprometida  vinculación con  una  «Transición» que validaron como legítima cuando se trataba de  un cambio gradual  de un régimen autoritario   hacia una oligarquía de partidos políticos, en la que ellos,   pasaron de ejercer un papel  protagonista    a convertirse  en los directos responsables de su disgregación.

Siendo por eso  que en  el actual escenario, la salida a la crisis no puede fijarse sobre  el concepto  de la exclusiva  mejora de la economía, pues además, para que el país deje de ser una democracia incompleta,   se ha de afrontar un cambio radical del modelo político  y establecer  al efecto unas nuevas reglas de juego  que garanticen la igualdad ante la ley, y  representen  una regeneración completa de la vida pública restableciendo  la función democrática real y la representación directa en el contexto  de  unas transformaciones que devuelvan la capacidad de decisión a la sociedad civil; pues sin la garantía de dichos objetivos resultará imposible afrontar el  cambio de régimen con el  que  dejar  atrás una crisis global que ya dura demasiado tiempo.

Para que el país deje de ser una democracia incompleta, la salida a la crisis no puede plantearse en exclusiva sobre la mejora de la economía,

De ahí que para propiciar la transformación que la situación requiere  sea ineludible neutralizar de origen el principal obstáculo que dificulta  esta finalidad, que no resulta ser otro   que la relación de conveniencia entre la oligarquía empresarial – financiera y la representación política de afinidad, siendo necesario  para ello  contar  con la participación decidida  de gente con nuevas  ideas, de actores  políticos de refresco, que suscritos a  otras  reglas de juego  sean inmunes  a toda presión  e influencias del  establishment  financiero, y  capaces  por tanto, de   plantear enmienda a la totalidad del régimen del 78, para así, poner  límite al intercambio de favores y prebendas que caracterizan  la situación, erradicando con ello los malos hábitos de un  sistema dominado por la corrupción,  con el amparo del  poder  político y la tolerancia  de  la legislación. Limpieza  imprescindible en  aras  a afrontar  con solvencia los grandes  retos que la situación demanda.

La consolidación del cambio  vendrá favorecida por una mutación  en la tendencia electoral que en la actualidad  se  ha vuelto mas selectiva, pues frustrados por lo repetidos engaños,   los electores, optaron  por proceder en consecuencia  y decantarse  por la renovación, otorgando su confianza en las urnas a las plataformas ciudadanas para que sean estas quien  unificadamente aborden  el proceso de transformación institucional   en detrimento del poder constituido, circunstancia que pone de manifiesto que de cara al escrutinio publico   ya no sirve esconderse  tras unas siglas vacías ni repetir mecánicamente las  consignas del partido.

Síntomas que revelan   que tras los fuertes  componentes de frustración política e institucional de los últimos tiempos  y el debilitamiento de apoyos a  los miembros del bipartidismo, la evolución   se encamina hacia un cambio de  autentificación democrática que sin duda alguna requiere la puesta en marcha de  un Proceso Constituyente definitorio de  un nuevo formato político y por consiguiente de una nueva realidad de país

El envilecimiento político, el paro, los recortes sociales y la corrupción, fueron la causa de la caída del bipartidismo, y el detonante de la indignación que electoralmente ejerció como factor de impulso en la actual mudanza institucional,

Por que debiera ser   hoy un día grande para el  municipalismo, no me resisto a comentar  que han pasado 1191 años  desde que al palentino ayuntamiento de Brañosera le fuera otorgada la primera «carta puebla» garantizando su  derecho   a la autonomía local y la facultad  de su  defensa territorial, un reconocimiento que hizo que  este municipio sea considerado en la actualidad  el primer ayuntamiento conocido  en España, el origen de la  administración  local y germen por tanto  del municipalismo.

No ofreciendo duda  que aún cuando,  tal consideración   atendiese    mas a la antigüedad del texto  de su « chartae populationis»que al contenido de la  misma; aquel referente   fue sin discusión   el  antecedente más próximo del municipalismo  moderno y preeminencia  cronológica de la defensa colectiva   sobre la base del agrupamiento comunitario y la articulación territorial.

Dejando al margen  la referencia  histórica, decir,   que tendría que ser con la aprobación  de la  Constitución del 78 cuando en teoría   se iniciase la andadura efectiva  del municipalismo, pues  en el contenido  de la misma se  otorgabareconocimiento formal a la autonomía de los ayuntamientos, a la democratización de sus estructuras y su ordenamiento en el  poder, naciendo con ello supuestamente,  tanto  el derecho  como la  capacidad  para  que las  entidades locales ordenasen y gestionasen   una parte relevante  de los asuntos públicos  en beneficio  del interés general.

Pero como en otros aspectos de su contenido,  el tiempo dio un vuelco a esta   interpretación, y así, lo que constitucionalmente estaba llamado a ser la administración mas próxima al ciudadano  y la aplicación   de políticas basadas en  el principio de subsidiariedad  que consagra la Carta Europea de Autonomía Local, frente a esto, la realidad de los hechos   se encontró  con  la actitud contrapuesta  de un    Estado, empeñado en recentralizar competencias hasta ahora residenciadas en el ámbito local.

Y todo eso como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución,  pactada por PP y PSOE bajo la supervisión y al dictado de los poderes financieros,  cuya  repercusión además de vaciar y desmantelar el Estado Social, su  deriva  tuvo incidencia directa en el ámbito local en razón  a  la negativa influencia  que supuso  la promulgación y puesta en práctica de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por cuanto, el efecto de sus consecuencias no  hizo mas que cercenar las  competencias municipales  al tiempo de dejar sin efecto la carta de servicios públicos que venían prestando los  Ayuntamientos en beneficio de sus habitantes.

Alguien parece despistar que para corregir un orden social que genera desigualdad, es obligado saber quién o quienes deben ser los sujetos políticos de acompañamiento.

Por tanto, hay que decir que actualmente  estamos ante una reforma local encubierto, con la aspiración  de imponer las dinámicas centralizadoras  a las descentralizadoras en un  claro intento de desnaturalizar  la función  de las entidades locales como administraciones mas cercanas al ciudadano,   utilizando para la consecución de tal  finalidad la mas censurable  de las medidas  de aplicación,    que no resulta ser otra que la extorsión  que representa  la supresión de la garantía de sostenibilidad financiera en un claro intento de   frenar  toda tentativa contestataria de reacción o desafío.  Toda un expresión práctica de como imponer la doctrina neoliberal hasta sus últimas consecuencias, forzando solapadamente a los ayuntamientos a priorizar  el pago de los intereses de la deuda por encima del mantenimiento de los servicios y de prestaciones esenciales para la ciudadanía.

Es por eso que en esta  jornada del 13 de Junio como  fecha constitutiva  de los ayuntamientos, resulte paradójico para cualquier observador neutral, comprobar como  a pesar    que los directos responsables  de la reforma constitucional fueron sin distinción promotores del vaciamiento de competencias en los municipios,    al tiempo que artífices  de haber  dejado a las instituciones locales constreñidas de recursos para realizar sus actividades básicas para la población, ahora, cuando la situación ha dado un vuelco electoral  se omita tal implicación,   y no se repare  lo mas mínimo, en    formar gobierno con quien a todas luces  es  parte  causante  de la situación.

A juzgar por los hechos,  alguien parece despistar que para corregir  un orden social que genera  desigualdad  es obligado  no tan solo sopesar las estrategias  a seguir para llevar a término el cambio necesario, sino también el formato a emplear, y muy especialmente, saber quién o quienes deben ser los  sujetos políticos  de acompañamiento, pues del acierto  o equivocación  de tales determinaciones  dependerá el éxito o fracaso de la operación. Y cuando lo que se afronta es una transformación en el  proceso municipalista a través de fórmulas intermediadas de acuerdos parciales con programas y gestión mixta, escasa legitimidad y nula fiabilidad  puede reconocerse a quien  se suma al carro del progreso,   cuando  mantiene invariable los privilegios y el corporativismo de las élites poderosas.

Debiéndose tener presente   que   el nivel  de bienestar  individual y colectivo  de la comunidad, guarda relación directa con la función  política  que desarrollan sus representantes, y por tanto, la optimización  de  las prestaciones más que un reparto de poder  requiere impulso participativo y la renovación  continua  como  fórmula para el mejoramiento colectivo  y la necesaria transformación de la sociedad.

Cuando las urnas se alimentan de lo ilícito, de la mentira y el ocultismo, no es la la legitimidad democracia la que se impone sino el fraude electoral

Por no variar, durante los  últimos comicios pudimos  escuchar la  eterna  letanía de toda  época electoral, esa expresión reiterada  que suelen  utilizar  los   candidatos manifestando que la democracia debe ser algo mas que  votar cada cuatro años. Sin duda una frase sugestiva manejada expresamente para cautivar al electorado, que resulta tan  fácil de pronunciar  durante las elecciones como difícil de aplicar  en la ulterior realidad donde la trasparencia se convierte  en opacidad, tal es así, que  aun cuando uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser motivadas, la práctica viene a evidenciar que en el ámbito general mas del 50% de las solicitudes de información acaba en silencio administrativo.

Es por eso que  dejando al margen  los pronunciamientos  subliminales   de toda campaña electoral, lo cierto es   que las administraciones  municipales  sin  distingo de siglas políticas,   son la antítesis de la transparencia, al no asumir  en ningún caso  el  acceso a la información como un derecho fundamental, y eso, porque formamos parte de un país sin arraigo democrático,   donde desde el poder  los ciudadanos son considerados como enemigos y el concepto de gobierno mas que ser asumido  como un servicio público,   es entendido en clave  patrimonial,   como si fuese titularidad expresa de las organizaciones políticas, siendo  esa condición conceptual quien motiva que se imponga el secretismo a la transparencia y que por tanto se haga extensivo el abuso y la corrupción.

La democracia con mayúsculas es una democracia sin secretos, que obviamente   ha de estar  fundamentada en la transparencia, siendo su principal objetivo garantizar  que la totalidad de los ciudadanos sean los auténticos  propietarios  de la información publica, si bien para alcanzar esta finalidad   la labor ejecutiva debe estar sustentada por  personas de probada convicción  democrática, que siendo defensoras a ultranzas de la libertad de información tengan asumido como paso fundamental erradicar  de una vez por siempre el mal  institucional  del silencio administrativo como norma de conducta, de tal modo que los ciudadanos se sientan representados  y puedan confiar sin recelo  en las instituciones  a las que ellos mismos  con su soberanía  le otorgaron el poder.

Pero la realidad pone de manifiesto  que queda mucho por andar, pues cuando  son los propios partidos los que niegan someterse a transparencia,  difícilmente los políticos  adscritos a sus filas  podrán asumir   que lo suyo  debe ser un compromiso ineludible con la democracia y la ciudadanía, muestra de esa  deficiencia tenemos por  expresivo referente la administración local,   que a pesar de su teórica cercanía al ciudadano bate el record del silencio administrativo en todo el ámbito institucional, hasta el punto que un 83% de solicitudes  de información cursadas   a entidades locales no han recibido respuesta alguna en el transcurso del año 2014.

La impunidad política debe entenderse como una consecuencia directa del silencio administrativo

Un problema que en buena lógica exigiría un acuerdo de avenencia  de  todas las fuerzas políticas para crear instrumentos de escrutinio público con los que poner remedio a la situación, pero que paradójicamente  tiene por toda respuesta   el obscurantismo burocrático, ya sea dando continuidad al silencio  o utilizando la evasión.

El silencio administrativo seguirá  siendo por tanto  la «bienquerida»  de las administraciones   municipales, al posibilitarles zanjar cualquier  expediente molesto dando la callada por respuesta, una práctica que aún siendo reflejo de   opacidad,    contra toda lógica, se mantuvo vigente en la mal llamada  Ley de Transparencia; por eso, que a pesar de la  reciente renovación electoral de los ayuntamientos,   las nuevas corporaciones resultantes  podrán mantener invariable el  silencio administrativo y el secretismo, y así seguir ocultando información a la ciudadanía, aún  cuando en buena praxis democrática  la denegación de información y el ocultismo debieran ser la  excepción, pero nunca la regla.

Habiendo de añadir que tal  situación  anula  además los requisitos  necesarios para combatir   los excesos políticos y la corrupción, siendo por ello  que   la impunidad política debe entenderse  como  consecuencia directa  del  silencio administrativo y causa promotora  de  la    inestabilidad  democrática,  pues al silenciar  la comisión del delito  ampara   la concurrencia a los comicios  de candidatos no deseable, y tal circunstancia, presupone la culminación sin paliativos de un proceso de involución.

De ahí que en aquellos ayuntamientos que confluyeran este conjunto de anomalías y donde fuese ostensible  la participación electoral de candidatos connotados con intervenciones ilícitas, la expresión de las urnas como consecuencia del engaño y la  maquinación,   no debe ser interpretada en modo alguno  como  reflejo real  de la voluntad  popular, sino como  la obscena consumación de un fraude  electoral.

Por una imprevisión jurídica, en esta elecciones municipales al electorado de Fene se le conculcó el secreto de voto en razón al reparto excluyente de material electoral a domicilio

Nuestra Constitución establece que el voto ha de ser  libre, directo y secreto, pero lo cierto es que si cotejamos este derecho con  la realidad y ponemos en contraste esta hipotética garantía constitucional con el desarrollo efectivo  de los comicios municipales celebrados  en el Ayuntamiento de Fene, lo legislado se convierte en papel mojado,   pues en esta localidad en el 80%  de los casos la condición secreta del sufragio resultó ser una entelequia por conculcación  de tal garantía, anomalía que fue puesta  en conocimiento de la  Junta Electoral en demanda de corrección, al solo objeto, de instar el cumplimiento del  derecho inalienable que tiene  conferido todo elector y evitar con ello que quien no tenga voluntad de hacerlo, sin tan siquiera saberlo. esté  siendo obligado  a votar a pecho descubierto.

Y eso ha de ser así para quien  asuma como demócrata   que  la votación es una expresión formal de preferencia,   el único modelo  que las personas individuales tienen  para influir en la conformación  de los gobiernos, y que por ello, debe defenderse  radicalmente el voto secreto como libre expresión de la voluntad de los electores; toda vez que además de ser un derecho que les asiste como ciudadanos,  de  la limpieza del resultado de las urnas depende en gran medida el bienestar colectivo, y porque además,   vulnerar el secreto del voto es quebrar la voluntad del elector y transgredir por tanto una norma jurídica  que es inherente al concepto estricto del derecho electoral al ser el carácter secreto del voto la más relevante garantía del sufragio democrático, y por tanto, la  vulneración del  mismo, consecuentemente, debe, ser sancionada administrativa o penalmente, por la propia legislación electoral o, de modo alternativo, por el Código Penal.

Todo surge como consecuencia de una imprevisión jurídica, cuando  una de las candidaturas de las seis concurrentes en el municipio de Fene, al ser la única que no repartió domiciliariamente papeletas de votación, pudo saber  de antemano que todo elector que acudiese  al colegio electoral trayendo el sobre cerrado  desde casa, votaba por opción distinta a la suya propia, y esa circunstancia,   representó una grave anomalía  electoral, y desde el punto y hora que el  voto secreto es  la garantía de  la libre decisión de los electoresl, al poner límite a la misma   como es el caso, además de estar conculcando un derecho constitucional  se expuso a los votantes  del municipio  a que su decisión no contase  con la protección debida  y pudiese  ser conocida e involuntariamente  fiscalizada  por terceros.

Este que no otro, fue el motivo  de realizar  denuncia pública de esta anormalidad, pues  resultaría una  indecencia política   ocultar a los propios afectados la situación de los hechos y no advertirles la existencia de un clandestino electoral; siendo esa la razón que indujo proceder en consecuencia  y el motivo  de  poner en conocimiento de la Junta Electoral  tal eventualidad,  para que dicho organismo en ejercicio de sus funciones procediese vía enmienda  en evitación  de reproducción futura  de esta incidencia, pues un demócrata debe velar por la limpieza y transparencia del proceso electoral que pasa obligatoriamente  por la  protección del libre ejercicio del sufragio y la exigencia del cumplimiento estricto del  secreto de  voto.

El aseguramiento del secreto en la emisión del voto debe ser un requisito de obligado cumplimiento

Para mayor abundamiento, es de precisar que  la calidad  del sufragio  es factor determinante  de la esencia  del sistema político, siendo por ello  que para que  el sistema sea reconocido como democrático es ineludible que el sufragio además de  universal, igual y directo haya  de ser secreto. pues supuesto contrario la deficiencia de los procesos electorales y la influencia ilegal sobre los electores, disminuye el contenido democrático del voto, y por consiguiente acentúa  la deslegitimación de los resultados electorales.

Por tanto el aseguramiento del secreto en la emisión del voto debe ser un requisito de obligado cumplimiento, y como queda dicho su inobservancia, sancionada administrativa o penalmente a través de  la legislación electoral, habiendo de añadir a ello que  la libertad de elección debe ser preservada no sólo a través del secreto del voto, sino también regulando aquellas prácticas electorales que influyan  negativamente  en el  cuerpo electoral. Antojándose  especialmente  relevante en este caso, el factor de riesgo que representó  para los votante de Fene el reparto excluyente de material electoral  al delatar públicamente  su tendencia en las urnas.

En razón a ello,   resulta  cuanto menos anacrónico que durante la jornada electoral  alguno de los  candidatos  concurrente a los comicios, negándose  entender los justos términos de lo  expuesto, en un estallido de irracionalidad,   orquestara una campaña de agitación que por excedida e impropia  hubo de tomar cuerpo de denuncia ante la Junta Electoral,instando de este organismo la apertura del procedimiento legal pertinente para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los mismos por entender que acorde a las disciplina legal  los excesos de palabra y obras  en materia  electoral deben tener cumplida  respuesta.

En todo caso no eran  esas las papeletas  que debieran enviar a la vecindad de municipio, sino las que en buena lógica debieran poner transparencia a la corrupción que conjuntamente  ocultan  bajo la alfombra de la institución municipal

Cuando se hace caso omiso de las voces críticas que denuncian y alertan sobre las malas prácticas políticas, es justo el momento en que la degradación democrática abre paso a la instauración de la demagogia
En un artículo de opinión  como el presente, el autor, suele expresar su parecer sobre  un tema cotidiano, intentando  a través de lo implícito de su columna convencer y atraer las simpatías de su público lector,   que generalmente,   mantiene  relación  de  fidelidad  con el columnista en razón a su estilo  y a su ingenio, y todo,   en el contexto de un  enlace de tendencias  que de satisfacer a los destinatarios, estos,  en una actitud de correspondencia convierten  al  autor en su  referente de opinión y   especialmente  en  su articulista preferido, y cuando esto ocurre y  el lector le ofrece  el valioso regalo  de su tiempo y su atención, en deferencia, el beneficiado  debe devolver algo digno, y el mejor presente  no ha de ser otro  que hacer gala expresiva  de la verdad y del rigor informativo.

No en balde, para satisfacer  ambas  contrapartidas es condición «sine qua non» fundamentar  la información que se difunda, y ello en periodismo no es posible sin disponer de la verdad objetiva de los hechos, veracidad, que debe incluir en todo caso   el deber de contrastar  sus fuentes, y solo satisfechos esos requisitos  se podrá difundir con el debido rigor y la precisa solvencia la información  de contenidos  acreditados; pues supuesto contrario, se  corre el riesgo de facilitar el acceso a las malas prácticas y al margen de todo código deontológico poner en circulación contenidos de  deficiente solvencia  o de dudosa credibilidad, o para mayor complejidad, proceder de modo sibilino dejando en manos  del lector la potestad aleatoria de filtrar o confirmar   la ratificación de su contexto.

Este autor, observante  con lo establecido  en el artículo 20 de la Constitución  sobre el derecho de difusión, teniendo presente igualmente la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el término veracidad en el contexto informativo y su carácter de obligación extensiva hacia  todo sujeto  que se dedique  a difundir información. Por eso, aún cuando como género periodístico los  artículos de opinión son más abiertos a la subjetividad, es disciplina de este  columnista  auto imponerse  el rigor normativo hasta sus últimas consecuencias  y actuar  de forma estrictamente  rigurosa y fidedigna, máxime  cuando el contenido de sus artículos  por sus características pueda tener la consideración de  materia sensible y su alcance  pueda arrastrar repercusiones a terceros.

Callar cuando la respuesta es el ninguneo, presupone incrementar el déficit de la calidad democrática

Ante ese intento  de doblegar lo evidente amordazando toda voz crítica, es cuando   mas  ahínco  debe poner el difusor  de la información en la reafirmación de  sus denuncias,   pues callar cuando la única respuesta es el ninguneo,  además  de un espaldarazo a la perversión presupone incrementar  el déficit de la calidad democrática al condescender con  unos representantes municipales  que a pesar del probado carácter delictivo de los hechos denunciados siguen sin reaccionar, y todo,   mientras  sarcásticamente metidos en campaña electoral,  no reparen lo mas mínimo en erigirse en referentes de la transparencia  y adalides de la participación ciudadana a pesar de  su probada implicación en temas graves y públicos, vinculados a la corrupción.

Es por eso  que en la singularidad  de un Fene atípico  donde a pesar de las fundadas  y refrendadas denuncias,  la opacidad  mantiene alianza estratégica con el silencio administrativo, con la velada finalidad  de consumar ilegalmente  la enajenación y cesión gratuita de bienes patrimoniales  de esta entidad local en el contexto de una actuación inmoral e ilícita que compartida  por acción u omisión por tres de las fuerzas políticas  que conforman la corporación, ante la contundencia de las pruebas documentales que refrendan los hechos  y la reiterada negativa a la subsanación; en razón a esta dejación de funciones no solo se está causando un menoscabo  al patrimonio público, sino también  haciendo un daño inmenso  a la imagen de la institución  y que ante la pertinaz rebeldía corporativa exige sin dilación la intervención de la judicatura vía resarcimiento  y expurga de responsabilidades.

Pues de igual modo  que al articulista se le exige que  independientemente del género que utilice para transmitir su  denuncia, el deber de tener rigor en la base de su información, al político denunciado  también debe exigírsele el rendimiento de cuentas ante la ciudadanía, pues caso contrario, se vendrá a refrendar  que lo peor de la corrupción no es solo que sean frecuentes los  comportamientos delictivos sino que los mismos queden impunes,   y lo que es mas grave que a pesar de todo y como resulta ser el  caso  se autorice  la concurrencia  de los encausados  en el proceso electoral.