El envilecimiento político, el paro, los recortes sociales y la corrupción, fueron la causa de la caída del bipartidismo, y el detonante de la indignación que electoralmente ejerció como factor de impulso en la actual mudanza institucional,
Por que debiera ser hoy un día grande para el municipalismo, no me resisto a comentar que han pasado 1191 años desde que al palentino ayuntamiento de Brañosera le fuera otorgada la primera «carta puebla» garantizando su derecho a la autonomía local y la facultad de su defensa territorial, un reconocimiento que hizo que este municipio sea considerado en la actualidad el primer ayuntamiento conocido en España, el origen de la administración local y germen por tanto del municipalismo.
No ofreciendo duda que aún cuando, tal consideración atendiese mas a la antigüedad del texto de su « chartae populationis»que al contenido de la misma; aquel referente fue sin discusión el antecedente más próximo del municipalismo moderno y preeminencia cronológica de la defensa colectiva sobre la base del agrupamiento comunitario y la articulación territorial.
Dejando al margen la referencia histórica, decir, que tendría que ser con la aprobación de la Constitución del 78 cuando en teoría se iniciase la andadura efectiva del municipalismo, pues en el contenido de la misma se otorgabareconocimiento formal a la autonomía de los ayuntamientos, a la democratización de sus estructuras y su ordenamiento en el poder, naciendo con ello supuestamente, tanto el derecho como la capacidad para que las entidades locales ordenasen y gestionasen una parte relevante de los asuntos públicos en beneficio del interés general.
Pero como en otros aspectos de su contenido, el tiempo dio un vuelco a esta interpretación, y así, lo que constitucionalmente estaba llamado a ser la administración mas próxima al ciudadano y la aplicación de políticas basadas en el principio de subsidiariedad que consagra la Carta Europea de Autonomía Local, frente a esto, la realidad de los hechos se encontró con la actitud contrapuesta de un Estado, empeñado en recentralizar competencias hasta ahora residenciadas en el ámbito local.
Y todo eso como consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por PP y PSOE bajo la supervisión y al dictado de los poderes financieros, cuya repercusión además de vaciar y desmantelar el Estado Social, su deriva tuvo incidencia directa en el ámbito local en razón a la negativa influencia que supuso la promulgación y puesta en práctica de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por cuanto, el efecto de sus consecuencias no hizo mas que cercenar las competencias municipales al tiempo de dejar sin efecto la carta de servicios públicos que venían prestando los Ayuntamientos en beneficio de sus habitantes.
Alguien parece despistar que para corregir un orden social que genera desigualdad, es obligado saber quién o quienes deben ser los sujetos políticos de acompañamiento.
Por tanto, hay que decir que actualmente estamos ante una reforma local encubierto, con la aspiración de imponer las dinámicas centralizadoras a las descentralizadoras en un claro intento de desnaturalizar la función de las entidades locales como administraciones mas cercanas al ciudadano, utilizando para la consecución de tal finalidad la mas censurable de las medidas de aplicación, que no resulta ser otra que la extorsión que representa la supresión de la garantía de sostenibilidad financiera en un claro intento de frenar toda tentativa contestataria de reacción o desafío. Toda un expresión práctica de como imponer la doctrina neoliberal hasta sus últimas consecuencias, forzando solapadamente a los ayuntamientos a priorizar el pago de los intereses de la deuda por encima del mantenimiento de los servicios y de prestaciones esenciales para la ciudadanía.
Es por eso que en esta jornada del 13 de Junio como fecha constitutiva de los ayuntamientos, resulte paradójico para cualquier observador neutral, comprobar como a pesar que los directos responsables de la reforma constitucional fueron sin distinción promotores del vaciamiento de competencias en los municipios, al tiempo que artífices de haber dejado a las instituciones locales constreñidas de recursos para realizar sus actividades básicas para la población, ahora, cuando la situación ha dado un vuelco electoral se omita tal implicación, y no se repare lo mas mínimo, en formar gobierno con quien a todas luces es parte causante de la situación.
A juzgar por los hechos, alguien parece despistar que para corregir un orden social que genera desigualdad es obligado no tan solo sopesar las estrategias a seguir para llevar a término el cambio necesario, sino también el formato a emplear, y muy especialmente, saber quién o quienes deben ser los sujetos políticos de acompañamiento, pues del acierto o equivocación de tales determinaciones dependerá el éxito o fracaso de la operación. Y cuando lo que se afronta es una transformación en el proceso municipalista a través de fórmulas intermediadas de acuerdos parciales con programas y gestión mixta, escasa legitimidad y nula fiabilidad puede reconocerse a quien se suma al carro del progreso, cuando mantiene invariable los privilegios y el corporativismo de las élites poderosas.
Debiéndose tener presente que el nivel de bienestar individual y colectivo de la comunidad, guarda relación directa con la función política que desarrollan sus representantes, y por tanto, la optimización de las prestaciones más que un reparto de poder requiere impulso participativo y la renovación continua como fórmula para el mejoramiento colectivo y la necesaria transformación de la sociedad.
