Ante la desbordante propagación de los casos de corrupción, la situación exige convocatoria de elecciones anticipadas, para con ello dar entrada a una representación política renovada que afronte con solvencia la obligada regeneración democrática

Cuando se pierden las llaves en un sitio oscuro, es una estupidez intentar encontrarlas  bajo una farola porque se vea mejor, de ahí que tomando semejanza de tal despropósito, quepa referir, que   idéntica necedad infiere  pretender  hallar el futuro donde no existe porvenir; lo que llevado  a términos de  realidad cotidiana, equivaldría a seguir reincidiendo en la insensatez de  mantener la  confianza electoral, en quienes, desde su política  de espejismos  intentan convencernos  que hay    luz de futuro al final del túnel, cuando tal  refulgencia  corresponde a  la de un  tren arrollador que nos viene de frente, cuesta abajo y sin frenos .

Prácticas de fascinación y engaño, que fueron el hacer habitual  de la alcurnia    promotora del tinglado del 78,   quien desde aquella  hasta hoy,   además  de haber puesto el país patas arriba,   convirtieron  la democracia en un burdel de corrupción   en el  que la política tuvo por única y exclusiva  función la de  ejercer de proxeneta.

Por eso que después de 36 años de constante  degradación, hayamos  de adherir    etiqueta de  humor negro al hecho de   ver  como  unos miserables con escaño se postulan para  arreglar la corrupción, y ello por constituir tal simulacro  un insólito ejercicio de regeneración al ser los propios  pervertidos   quienes  se auto – conceden  absolución;  un todo inaudito, por  cuanto los corruptos han de tener vetado todo acceso al zafarrancho político  que con toda urgencia y por higiene democrática   ha de afrontar  este país.

Por lotanto, al no haber cancha  para mas ambigüedades, generalizar  que la corrupción es parte intrínseca del poder político, por evidente, no solo resulta  justo sino también   conveniente, pues lo cierto es que desde el alumbramiento de la Transición la prostitución institucional  lleva décadas infectando políticamente  la hegemonía intercambiable del PP y el PSOE, sin que ambos contagiados, en tan largo período  hicieran lo mas mínimo  por lograr su erradicación, siendo ello una realidad cotejable, que por si misma  desde  la  imparcialidad  es imposible  refutar y que viene a evidenciar que la descomunal carga de decadencia que padece el sistema  lastra todo  bagaje político suprimiendo validez  a cualquier  ensayo regenerador, ya que además de sonar  a reacción tardía, en su caso, los  remedios paliativos  son mas lentos que los  males suscitados.

Siendo la erosión del bipartidismo sumada a la vertiginosa sucesión de escándalos de corrupción política, factores indicativos de haber llegado al punto de no retorno

El hecho que  la corrupción haya pasado a ser también   el  síntoma y no sólo el problema, ha provocado la coexistencia   entre  lo  endémico y lo epidémico, de ahí no solo su enraizamiento en los engranajes de la política, sino igualmente  la   proliferación de casos aflorados en los últimos años que amén de suscitar un incremento de la alarma social  han generado  a la vez un estado de indignación generalizada, y todo, como consecuencia  de la permisividad o connivencia política  de una clase dirigente  que con sus comportamientos deshonestos  han permitido  la manipulación  y alteración de los   procedimientos administrativos, distrayendo así, el uso de recursos públicos en beneficio de intereses privados y de los suyos propios, aun a sabiendas que con sus turbias  prácticas estaban  sustrayendo  la  calidad  de vida y el bienestar de la  ciudadanía a la par  de  reducir los  niveles de desarrollo económico y social.

Y cuando los indicadores vienen a refrendar que la corrupción es expresamente política. y que su repercusión afecta a los  centros de decisión del poder, por tan negativa   influencia, es recomendable   que  en evitación de  transmisión inducida, toda orientación regeneradora provenga  de fuentes ajenas al núcleo de contagio, debiendo ser las urnas en un adelanto electoral  quienes por salud democrática suplan en procedencia  el  forzado silencio que debe imponérsele a los afectados órganos de decisión,  cuyo alcance en repercusión a tiempo presente,  alcanza  al PP y PSOE por su condición de involucrados e implícitos en actos  de  corrupción.

Siendo la  erosión del bipartidismo  sumada a  la vertiginosa sucesión  de escándalos de corrupción política, factores indicativos  de haber llegado  al punto de no retorno, y justificación suficiente en su caso para dejar sin efecto la actual hoja de ruta en materia de regeneración  democrática.

Y ello debe ser así,  a la  vista del inadecuado protagonismo resolutivo que ostentan  quienes políticamente aparecen como corruptos ante la opinión pública, por ser tal dicotomía un   contrasentido que obliga  reconducción; y esa no a ha de ser otra  que posponer la toma de decisión sobre el particular en sujeción   al adelanto de las elecciones generales, para una vez celebradas  y realizado el escrutinio  sean los nuevos cargos electos  con legitimación renovada quien afronten con la debida solvencia la elaboración y puesta en practica de un nuevo marco normativo,  que previa expurga y expulsión del los implicados, restituya  a  la  política  la confianza perdida, pues supuesto contrariola actual estructura del poder político continuará su derrumbe  progresivo.

Solo a través de un cambio a modo del «efecto mariposa» se podrá subvertir la actual situación política, y afrontar con ello, cambios radicales en la política económica y social que nos conduzcan a una nueva realidad de país.

Si  aquel  PSOE que fuera  apeado del poder en el  2011 dejó al país sumido en una  crisis galopante, tres años después  un PP  alternante en el Ejecutivo,   que en vísperas electorales  se  había postulado como solución, no solo no la fue, sino que superó con creces el desvarío de su  antecesor hasta el extremo de hundirnos  en el caos.

Esa es la única realidad por mas alardes de crecimiento que invoque el presidente Rajoy, quien ya a sus años,   de tener ejercido su deber  de representación correctamente  y no como emisario  del entramado  financiero, debiera saber   que la  métrica sobre  la evolución de la economía  del Estado, para nada es  fiable,   cuando su  reflejo atiende en exclusiva   a la bonanza de las  cuentas de resultados de los mercados especulativos, mientras que obstaculizando el encuentro con la realidad,   se elude como es el  caso,   todo indicador relativo a la  mala situación   de una   economía real en proceso de hundimiento,  a la situación  de un mercado laboral estancado en el desempleo y a una asfixia por estrangulamiento  que coloca en fase terminal al estado del   bienestar.

Por eso ante la evidente adulteración de la realidad, a la vista de un escenario  que no puede ser mas desolador, desde una visión neutral  de la situación es obligado  referir,  que para nada se puede otorgar fiabilidad a las afirmaciones  del Jefe del Ejecutivo al proclamar que los  síntomas de recuperación económica son un  triunfo de la austeridad, por  ser tal afirmación además de un disparate,  otra de las  «verdades inciertas»  de la ortodoxia neoliberal, que paradójicamente, se da de bruces con el hecho verídico de unas  previsiones mas fiables,   que para mal de todos, vienen a indicar  el retorno a una  a nueva etapa  de recesión que inducida por la ausencia de iniciativas de crecimiento  agudizará el actual colapso a nivel financiero, económico, y social.

Previsiones nada  halagüeñas  que llevan  camino de conducirnos a  una gran depresión, de persistir en  la actual dinámica y seguir concentrando la renta en los bolsillos  de unos pocos acaparadores a costa del empobrecimiento del resto de la población, máxime si los artífices de  acentuar aún mas la brecha entre ricos y pobres, coinciden en ser  los conductores que nos llevaron  hacia el caos, esos miembros del  PSOE y PP jornaleros del capital, que tras  tres décadas de opacidad  siguen  suspendiendo  en transparencia al tiempo de  vivir  ajenos a la realidad y  al sentir mayoritario de la sociedad.

Antagonismo, que viene a constatar, que en el marco de la  actual coyuntura política,  el desbarajuste,   ni tiene   prescripción coherente ni tampoco tratamiento predictivo, y todo, porque esos políticos encargados de regir los destinos del país no están por la labor  de   modificar su conducta, como tampoco, someterse al obligado proceso de rehabilitación que la situación  requiere; una  cerrazón que llega al estado de radicalización  cuando  la presión social insta  cambios de políticas, pues al momento que  esto ocurre la reacción no se hace esperar, por ser  cuando las  huestes del bipartidismo pierden la compostura y muestran su mas agresiva hostilidad .

En el marco de la actual coyuntura política, el desbarajuste, ni tiene prescripción coherente ni tampoco tratamiento predictivo

Anomalía normalizada que viene a desencadenar  el «efecto mariposa»    en el contexto  de un país que es fiel estampa de  la  «teoría del caos»; un fenómeno que  pierde su cercanía con la imaginación para formar parte del cálculo de probabilidades, y así indicar que su entrada en escena   lejos  de producir  evolución positiva al sistema, en este caso, el efecto del aleteo  de la mariposa mas que prodigar la estabilidad, vendrá  a  sembrar el desconcierto y el pánico en las filas políticas  del oficialismo de un bipartidismo periclitado en sus capacidades, al tiempo de propiciar la  descomposición del colapsado régimen de la Transición, forzando igualmente  la  caída de  la envilecida  casta dirigente.

Efectos   que para mal de la estirpe persistida en el poder, traerá consigo vertiginosos cambios y aires renovados en el  hacer político, que devolverán  la confianza  y la esperanza perdida a la ciudadanía, mudando  a la vez, la correlación entre  fuerzas  políticas  por  variación en la tendencia electoral.

Indicando al respecto,   que el motivo que propicia el referido cambio  de ciclo político  por  decaimiento  de la opulencia electoral de quienes hasta ahora ostentaron el poder, hay que buscarlo en la corrupción extensiva que sin dolor de los pecados ni propósito de enmienda es  el reflejo degradante  de sus propios actos, sumando  a ello, el hecho de  tener secuestrada la política al objeto de excluirla del interés general y ponerla a disposición  de intereses espurios.

Actitudes que por excedidas,   despertaron la réplica  ciudadana trayendo consigo la  puesta en práctica de  duplicidad de «efectos mariposa», afianzados en el fortalecimiento de la justicia, la igualdad y la solidaridad, dotados de suficiente energía cinética para darle un vuelco diametral a la situación e  imponer otro modelo de realidad política, cuya consecución  tiene por broche final la mas  que anunciada   rebelión electoral.

Dar credibilidad al hacer político del bipartidismo, es divorciase de la objetividad, y por tanto, dar cancha abierta  al absurdo, hasta llegar a la excentricidad  de empreñar por las orejas.

Contrariamente a toda manifestación estadística, empreñar por las orejas fue sin duda  la modalidad  de embarazo mas prolífica del país, con la peculiaridad añadida, que no solo eran  las hembras las gestantes  sino también los miembros del  género opuesto, y la singularidad,   que en esta dualidad fecunda, la preñez era concebida en exclusiva  por  eyaculación  política subliminal, para  engendrarse durante cuatro largos años en el encéfalo de los encintados hasta llegar al alumbramiento, cuya  eclosión se producía en  el   insólito quirófano  que conformaba  el constreñido prisma de  una urna electoral.

Así fue  como desde el origen de la «Transición» y hasta  este tiempo de desencanto,  la credulidad  de una ciudadanía proclive  al orgasmo político, facilitó la transformación de su mollera en placenta  embrionaria  del  voto electoral, que paradójicamente, justo celebrados los  comicios y  satisfecha su utilización para inclinar la balanza de resultados, era desechado  repetidamente tras cada  plebiscito para convertirse así en el planificado aborto del día después.

Hechos que además de suponer una manipulación psicológica de los votantes, convirtieron cada   proceso electoral en el  cuarto oscuro de la democracia,  y al cerebro del electorado, en la caja negra del hacer político.

Por eso, cuando llegada la hora de la verdad esos mismos electores vieron afectados en lo esencial sus derechos fundamentales,  la renuncia a toda  servidumbre electoral se tornó en un todo ostensible, y el rechazo a la continuada  fecundación auricular tomó condición de contestataria radicalidad.

Siendo casualmente en el contexto del actual   escenario político, donde la inmensa mayoría de los otrora fertilizados  por el sistema, ahora afectados en sus intereses  por los problemas de la recesión y por las nefastas medidas de los dos gobiernos  que en alternancia han gestionado el país, quien, defraudados en sus intereses, frustrados  por la creciente desigualdad y asqueados por la interminable  proliferación de casos de corrupción, han decidido zanjar con su continuidad   en  el simulacro  de treinta y cinco años de estabilidad  para apostar abiertamente por el cambio, y  así, dar  un vuelco radical  al degradado  panorama político español.

Así fue  como la estabilidad  que mantenía  el  bipartidismo PP – PSOE al desencadenarse la crisis en el 2007, cuando entre ambos partidos se repartían el 77, 1% de la tarta  electoral,  siete años después, se viene abajo al  reducir en   un tercio  su base electoral  que hoy día  suma en su conjunto el 51, 4% del total  en una   pronunciada tendencia a  seguir cayendo.

Debiéramos estar de vuelta de la nula credibilidad que merece el bipartidismo, y saber por tanto, que en su hacer político lo importante no es lo que digan, sino lo que dejan de decir

Expresión manifiesta que revela la entrada en escena de  un modelo  de funcionamiento contrapuesto al actual,   que además de poner fin al bipartidismo, sea clave para  el apogeo de otras  alternativas políticas mas    acordes  con  una  nueva realidad,   y  aparte de dar   acceso a la implantación  de otro estilo en la relación electoral    se convierta en puerta de entrada  a una forma  distinta de  hacer política.

Sin conducirnos por esta dirección,    resultará totalmente  inviable erradicar las servidumbres existentes y desenredar la redes clientelares nacidas conjuntamente   en el seno  del bipartidismo corrupto, por ser  esa trayectoria igualmente   condición «sine qua non» para afrontar   de forma efectiva   el procedimiento de regeneración democrática que el   sistema político necesita para  hacer que el país   sea capaz  de  rescatar su presente al  mismo tiempo que afrontar   con  plena solvencia su  futuro.

Y ello ha de ser así   por ejercicio de compromiso con nosotros mismos, pero también,  por  actitud  de responsabilidad en evitar  ser copartícipes  en  silenciar las demandas ciudadanas,   y rehuir que  por tácito comportamiento, se sigan  otorgando inmerecidos privilegios  a una infame casta política,   al mantener   la continuidad  a su  blindaje  de impunidad .

De ahí  que después de treinta y cinco años  de ser engañados iteradamente  por los miembros del bipartidismo  en toda campaña electoral, a estas  alturas  ya debiéramos estar de vuelta  de la nula credibilidad que merecen  sus integrantes, y saber por tanto, que en su hacer político  lo importante no es para nada lo que  digan, sino lo que dejan de decir, y en ese sentido, rechazar con contundencia sus mentiras y  engaños como forma de eludir la realidad.

A tal efecto, desde todo punto de vista debiéramos tener asumido, que la regeneración del sistema ha de ser incompatible con toda conducta  de  mitomanía por su enganche patológico con  la mentira, pero también,   con la credulidad  de quien  por asunción  prodiga  la farsa,   y en vez de hacer oídos sordos ante la falsedad  opta  por otorgar certeza a lo inaudito,    hasta llegar  al hecho absurdo de  empreñar por las orejas

Intentar instaurar el TTIP, siguiendo la dirección opuesta a todo aquello por lo que generaciones enteras han luchado durante décadas, es pretender que el sistema económico pase a funcionar definitivamente al margen de todo control democrático

Por si acaso no fuera suficiente  con las armas utilizadas por  el neoliberalismo desregulador en su ánimo  de controlar la economía, las grandes multinacionales  refuerzan ahora su arsenal de combate   instaurando al efecto un nuevo    Tratado Europa – EE.UU. de Libre Comercio, (Transatlantic Trade and Investment Partnership- TTIP), que revestido de total opacidad, mas allá que funcionar como una norma de relación comercial a la vieja  usanza, hace que esta nueva figura lejos  de una regla de conducta  de comercio sea un instrumento demoledor, una señal bien visible de la capitulación del poder político, que de forma inédita, ejerce el papel   de contrapoder, marcando así  por todo objetivo, garantizar las excedidas ambiciones de los inversores  sobre los derechos esenciales de la ciudadanía.

Por eso, a pesar  del mutismo y la confidencialidad  que rodea las negociaciones a puerta cerrada entre Washington y Bruselas, su celebración en el hermetismo, es expresión suficiente  para tomar razón del alto riesgo que representa  un  tratado de estas características y la lesiva repercusión de sus efectos  para la población, el medioambiente y la economía; apuntando los hechos a  deducir  que las voluntades políticas  parezcan estar compradas de antemano, y ello,  a juzgar por la  ausencia de todo espíritu critico  y la manifiesta permisividad  en depositar mayor concentración de poder en manos de las élites financieras  de ambos lados del Atlántico,  aún cuando,   tal otorgamiento  arrastre consigo la complejidad  de dejar el futuro  de los países afectados y el porvenir de  sus gentes a  expensas  de la  parcial decisión de las grandes empresas transnacionales.

Toda una amalgama de cuestiones críticas, cuyos prejuicios agravarán   en mayor medida sus efectos en los países  que como el nuestro están expuestos a mas alto riesgo,   en razón  a la debilidad  intrínseca que induce su   propia adscripción periférica  en el contexto del actual marco de la Unión.

Circunstancia que pone de manifiesto la falacia que acompaña las supuestas virtudes  que reporta el TTIP, cuando interesadamente es vendido a la ciudadanía  como receta infalible para mejora del crecimiento económico  y  la creación de empleo, aún a sabiendas que  lo que verdaderamente  esconde  la filosofía de este acuerdo comercial son simples promesas infundadas,   que en modo alguno, atienden a  satisfacer expectativas distintas de las puramente restrictivas, que además de garantizar a las corporaciones promotoras  más derechos que a las personas, favorezcan igualmente reformar el mercado laboral y la políticas social a favor  de los intereses  de estas firmas transnacionales, aunque ello represente una seria amenaza  para la salud  de  la democracia y del propio Estado de Derecho.

En España los perjuicios económicos y sociales inducidos causarían un impacto, superior con creces al resto de sus homólogos de la Unión

Por tanto, se ha de afirmar en consecuencia  que  lo único cierto en esta odisea, es, que los verdaderos efectos de la aplicación del TTIP, vendrán a dañar severamente la capacidad  de los países  afectados en su lucha contra la crisis financiera   y económica, extremo que pone de manifiesto que su implícito para nada resulta ser  la solución a nuestros problemas, pero  si el marco de oportunidad  que se le brinda gratuitamente a las grandes multinacionales en su tendencia a exterminar a las empresas locales competidoras gracias a la ventaja  añadida que les reporta la excepcionalidad de una situación preferente en el contexto de  la economía de  escala.

Pero a pesar de lo involutivo de una situación en la  que el  poder legislativo y judicial  pasa al control de los promotores de este tratado de conveniencia, al tiempo que   el Estado  se convierte definitivamente en el títere al que mueven los hilos las mismas multinacionales  y los especuladores financieros; cuando  la reacción política a semejante afrenta  no se debiera hacer esperar, sorpresivamente, una gran parte  de los hipotéticos  representantes de la ciudadanía pertenecientes a las formaciones PP, PSOE, UPyD y CIU, olvidando  que la soberanía reside en la ciudadanía, se posicionan al unísono  a favor tan deslavazado concierto al tiempo de dedicarse  a ocultar de manera deliberada  toda información sobre el particular  en un claro intento de negar la existencia del problema  y hurtarle con ello  a los ciudadanos el derecho a decidir sobre el mismo.

Es por ello que  la situación específica de España caso de llegar a aprobarse el Tratado en los términos previstos, considerando entre otras causas, la escasez de su estructura productiva y la limitación de su grado de desarrollo,  contra toda hipótesis positiva, los perjuicios económicos y sociales inducidos a su ciudadanía causarían un notable impacto negativo, superior con creces al repercutido en su caso  a la gran mayoría  de  sus homólogos en la Unión.

Por eso hay que erradicar  la actual tendencia  a la confusión, ese empeño en seguir viendo  beneficios  donde no los hay   mientras  se ignoran los riesgos efectivos, pasando alternativamente a  informar a la población para una vez tomado conocimiento, democráticamente,  sean ellos quien decidan.

De no erradicar al bipartidismo en los próximos comicios, la continuidad de la incompetente y corrupta casta política, acabará por arruinar a ESPAÑA para varias generaciones.

En términos generales la  corrupción política es la peor  manera  de utilizar  el poder público   de forma clandestina,   con la  finalidad puesta en la consecución a todo precio de ventajas espurias; es decir, la corrupción  es un fenómeno  de relajamiento moral  que por provecho exclusivo de unos depravados  personajes, está causando graves perjuicios no tan solo  a quien directamente padecen sus efectos, sino también, al ambiente social en la que  se desenvuelve; coincidiendo el mayor apogeo de esta lacra con el debilitamiento creciente de las instituciones políticas.

Pues de hecho,   la corrupción no es ni mas ni menos que el producto final  de una situación degradada políticamente,  cuyo  decaimiento  refleja  la actual situación de una  escarnecida España, que  más  que admitir remodelaciones imposibles o patéticas peticiones de perdón,   por su gravedad, exige pasar de inmediato al mas allá de una  acción directa,   donde la desinfección e higienización del sistema  sean el objetivo perentorio de expurga, que   ponga punto final  al actual estado  de degradación, y con ello, se dé acceso a una nueva generación de políticos que forjando ilusión y expectativas  sean  capaces de  satisfacer las inquietudes de la sociedad,  para así convertir el actual estado de indignación en  el cambio  positivo que el país a todas luces necesita.

Exigencia obligada por la corrupción  generalizada de los partidos políticos como el PP y el PSOE, que nacidos en la probeta de la  transición, en la actualidad,  por su notoria vinculación con esta perversión,   es imposible recobrar  como opción política  viable dada su insolvencia para desempeñar   democráticamente  el  poder público, y por ello, justificación sobrada para situarlos electoralmente al margen  de los ámbitos de representación.

Circunstancia que en vía  de reconducción, facilite alternativamente la entrada en escena  a  nuevas formaciones políticas que a diferencia  de las ya referidas, libres de todo lastre y turbias dependencias,  traigan consigo    nuevos proyectos  de futuro capaces de afrontar y resolver los graves problemas de nuestra sociedad, cumplimentando con su función innovadora  las necesidades básicas que demandan asiduamente la gran mayoría de los gobernados.

Cada vez es mas perceptible que los partidos políticos “tradicionales” se han convertido en organizaciones proclives a la práctica del delito

Pero si percibimos  el alcance de la corrupción en su verdadera  magnitud, como un conjunto de formas delictivas utilizadas por  unos delincuentes  políticos para apoderarse  indebidamente de lo ajeno mediante la violación de la ley y  el menoscabo de los  derechos colectivos,  y si a ello añadimos como factor  de contraste, las declaraciones del  presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,  Carlos Lesmes, advirtiendo que España no está preparada para luchar contra esta   corrupción que nos asedia,  señalando a renglón seguido, que el propio marco legal de aplicación, no da respuesta a las nuevas formas de criminalidad, al no ser para nada el adecuado    para  combatir a los grandes defraudadores por  estar  pensado para delitos menores, propios de «robagallinas».

Ante tal  disyuntiva  se antoja inverosímil poder erradicar la corrupción  desde  la formalidad  jurídica  del propio sistema, por cuanto, solo se  podría acabar con ella si el castigo tuviese fuerza disuasoria  para evitar su práctica;   pero en nuestra realidad  sociológica todo apunta a deducir  que la corrupción está por encima  de la ley  y no por lo defectuoso del sistema legal  como resulta ser  el caso, sino también,   porque la norma general es que  la mayoría de las leyes se hacen para beneficio de los poderosos que ante la ley  tienen un plus de inocencia, que al mismo tiempo  viene  a confirmar   que en modo alguno   la justicia sea igual para todos.

Cada vez es mas perceptible  que los  partidos políticos  “tradicionales”  se han convertido en organizaciones proclives a  la práctica del delito, que utilizando su ubicación en el ‘poder, influyen para extender  la  corrupción a todos los ámbitos de la administración, con el agravante de su incorporación al circuito  de   la delincuencia organizada, sin que a pesar  de los testimonios  sobre sus lesivas prácticas, los  medios de lucha al alcance hayan afrontado todavía este fenómeno con la contundencia que requiere la gravedad de sus actos.

De ahí que ahora,  lejos de toda duda,   las organizaciones políticas PP y PSOE,   artífices de convertir al  país  en la actual  ruina,  no sean para nada los indicados   para dar el cambio de rumbo necesario,  pues resulta mas que  evidente que el bipartidismo existente,   además de máximo responsable  del actual estado de  degradación, son la relación conexa del distanciamiento existente  entre representantes y representados, al margen  que su carácter de duopolio en el poder, delata  la relación entre la corrupción política, la desestabilización económica y la total carencia de soluciones a la problemática.

Una complejidad cuya única resolución pasa irremediablemente  por  hacer hablar a las urnas

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Convertir la indignación social en poder político a través del refrendo popular, ha de ser la alternativa a seguir para sustituir un bipartidismo corrupto y sin regeneración posible, y desechar con ello el falso paradigma de la Izquierda y la Derecha.

Lo que hasta ahora  venía siendo de uso frecuente para posicionar planteamientos y postular ideologías, en la actualidad, aquella  división de sensibilidades políticas  surgidas de la revolución francesa y que  llegara a nuestros días  encasillando los idearios políticos como de Izquierda o Derecha, ha entrado en extinción, dando  paso a un nuevo ordenamiento  conceptual, cuya divergencia protagonista  la conforman de una parte los que vienen dispuestos a cambiar la política  para mejorarla, y en el extremo opuesto,  los que como hasta ahora  apuestan por la continuidad  de que  todo permanezca igual, para así seguir disfrutando de privilegios.

Dicho esto, es obligado  referir que en  el contexto social en que nos movemos, tomando lección de  nuestro último ciclo «democrático», decir que representa  un contrasentido mantener vigente el  espectro  político de izquierdas y derechas, cuando lo cierto es,  que los referentes de  ambos paradigmas  fueron la constante de alternancia  en el  devenir del país,   y por tanto, expresión  manifiesta  que tanto la derecha de la Gürtel  como la izquierda de los EREs, por sus actos y sin distingos, son expresión de equivalencia en una  corrupción extensiva  que con idéntico signo  y análoga  dimensión, su quebranto,    fue  factor desencadenante  de  la crisis, y causante de haber conducido a España  hacia el  desprestigio internacional, de motivar un  desempleo masivo y tenernos sumido  en la mas absoluta pobreza  e inmersos en la  injusticia social.

El etiquetaje  ideológico de izquierda – derecha que ya  ni respetan los mismos partidos que lo proclaman,  ha entrado en caducidad, y todo,  como consecuencia de  su propia disfuncionalidad, de ahí que ahora para eficaz resolución de los problemas del país, éstos  hayan  de  ser afrontados desde parámetros  de  renovación, desechando el ofrecimiento de opciones finiquitadas que ya resultaran adversas como alternativa al cambio necesario; sin que ante tal disyuntiva quepa admitir  el amedrentamiento que sin duda utilizarán los guardianes del sistema,  amenazando de  los peligros que entraña  votar al margen del actual  encuadre, o lo que es lo mismo, advirtiendo de los riesgos   que representa optar electoralmente por alternativas ajenas  al bipartidismo.

Pero a pesar de las exhortaciones que promulguen, mas que nunca, la ciudadanía  está obligada a tomar medida de la realidad,   para  percibir que  en  un país como el nuestro, donde son los mercados quien imponen lo que ha de hacer el gobierno, y en el que el supuesto Ejecutivo asume a plena  satisfacción el papel de gregario, saber que tan denigrante  actitud, entre otros contraproducentes efectos, induce que  la democracia languidezca, la política en sentido expreso  se devalúe y el resultante acotamiento de las ideologías haga que por extinción sea innecesaria mantener la   línea  divisoria que en su momento  deslindaba  la dicotomía entre derecha e izquierda.

Mas allá que amagar una vez mas con el manido procedimiento de regeneración democrática, lo que demanda la situación a la mayor urgencia es un rescate político en toda regla.

Todo un galimatías  que ha degenerado en una crisis de  valores, cuyos protagonistas  no son otros  que  los dos partidos que en suplida alternancia tomaron control formal del  Gobierno, y que ahora, intentan evadir responsabilidades  tras maniobras de  continuidad, aparentando estar haciendo cambios que necesita el país,  al solo objeto,  de utilizar la dinámica de la argucia para seguir estafando a sus tradicionales electores.

El epicentro de los males de nuestro sistema está localizado en el entorno que conforma el  tándem PP-PSOE, sin que en  este caso, el concepto asociado  de derecha  e izquierda política  mas que ser significativo  de posturas ideológicas, sea la nota discordante  de las  contradicciones  que envuelve   la susodicha conceptualización; pues en ambos casos, exigua o nula ideología política se le puede adjudicar  a ninguno de los  dos partidos  que vienen dando  cobijo en sus filas al grueso de la corrupción del país, un injustificado amparo que mas pronto que tarde acabará por dinamitar a una y otra formación por mantener en su foro a unos cuadros militantes que por la oscuridad  de sus actos, a todas luces  resultan  ser  amistades peligrosas para la democracia.

Hemos llegado a tal  punto de  detrimento que  la degradación ha superado todo límite tolerable,   hasta el extremo, que la situación política del país raya  en  lo dramático, y por tanto,  mas allá que activar una vez mas  el  manido   procedimiento de regeneración democrática,  lo que  demanda la situación a la mayor urgencia  es un rescate político en toda regla,  con la finalidad  de paralizar viciadas inercias y orientar los  objetivos a conseguir  que la acción del Estado sea desempeñada en beneficio de la sociedad;  convirtiendo la indignación  en cambio político y haciendo  que determinadas fuerzas minoritarias logren captar el voto descontento de Génova y de Ferraz.

Y eso ha de ser así, contando con el refrendo de la voluntad  popular al margen del falso arquetipo de la Izquierda y la Derecha, pues si en realidad nos preocupa el futuro, hemos de evitar por todos los medios  que se repitan los errores del pasado.

El peor lastre del país, lo constituye una casta política que en vez de pugnar por recuperar la prosperidad, apuesta por la ignominia de arruinar a la ciudadanía al solo efecto de favorecer el cobijo de sus enchufados.

Exceptuando  los escasos referentes  que hacen gala de solvencia y  honradez, si nos plegamos a  la realidad  de   los hechos,    no queda mas remedio   que  adherirse  a quienes desde la censura  sostienen por corriente  de opinión,   que en los últimos tiempos sólo se dedican a la política profesional, aquellos  que han  puesto de manifiesto no servir  para otra cosa; siendo por tanto esa prolífica  mediocridad  la principal causa de  la devaluación  de la auténtica función política, como también, la  motivación de que la misma  dejara de ser  una actividad decente para convertirse en una factoría incesante de sinvergüencería.

Los que  peinamos canas y en correspondencia  somos testigos de la historia reciente de  nuestro país, en el transcurso de estos años de «democracia»,   hemos  visto transitar por el circuito político a infinidad de personajes de toda casta, si cierto es que entre todos ellos,   contados son los casos  que han brillado con intensidad  suficiente como para ser echados  en falta,   una vez que dejaron de ser objetivo de los focos de las cámaras y fueran desatendidos por la caterva  de sicofantes mediáticos que interesadamente maquillaban su inutilidad  para difundirla como mérito.

La diferencia en el tiempo, refleja  que mientras los antecesores políticos, una vez   perdida su estrella,   retornaban  a la  anterior actividad profesional, ahora, los nuevos decaídos políticos, lejos de volver a sus antiguas  ocupaciones,    como la abstinencia del poder no se remedia con metadona, los mas afortunados, sobrepasan la puerta giratoria que  los acomoda en los consejos de administración de unas  multinacionales favorecidas por el presupuesto público, en tanto los menos  distinguidos  son colocados como satélites del  poder en instituciones periféricas, sin que su nuevo  destino o colocación venga  reconocido por méritos al uso en cualquier otra profesión.

La  política se ha convertido en una pirámide clientelar a causa del descarriado funcionamiento del sistema  bipartidista, que viene  utilizando la función pública  para satisfacer favores en su ámbito intrínseco, enchufando a miembros de sus  organizaciones, camarillas y falsos asesores en beneficio partidista, manipulando para ello  de forma directa o diferida,   enormes recursos del Estado a  través de  prácticas  de nepotismo a la carta que a pesar de su traza recriminable, paradójicamente,   siguen destruyendo  el sistema desde la legalidad, habida cuenta  que contra todo pronóstico, tales manejos  no constan tipificados como delito, siendo dicha  tolerancia, conjuntamente con el hecho de suplantar la  democracia representativa por la actual dictadura de los mediocres, el gran  peligro  que amenaza   con consolidar la  debacle y  conducirnos con ello  a un  desastre  de mayor escala.

La política se ha convertido en una pirámide clientelar a causa del descarriado funcionamiento del sistema bipartidista, que viene utilizando la función pública para servicio propio

El nulo sentido de la democracia  y la anteposición de sus  propios intereses y los de sus partidos políticos sobre  los de la ciudadanía, y la  total despreocupación    por el  bien común,   se pone de manifiesto cuando en su política  de drásticos recortes  no entra en sus previsiones  el recorte que  más necesita el país, que no es otro,   que la expurga de 400000 enchufados políticos  y su cuadrilla  de  parientes y allegados  que colocados a dedo en las distintas administraciones,  por su carácter innecesario  y prescindible, más allá de engordar artificialmente la dimensión del aparato administrativo del Estado  no   aportan nada positivo  al conjunto de la colectividad.

Eliminación que llevada a término,   erradicaría el  peor lastre imaginable que sufre el país, al limpiar toda la  morralla política, esa plaga ineficiente que abarrota innecesariamente el sector público;  logrando con ello sin mas  traumas a  terceros, además de devolver las aguas a su cauce,    equilibrar las cuentas públicas a la par de   afrontar con total  solvencia la reducción de un  galopante déficit  público.

Resulta inadmisible seguir sosteniendo  una función pública   sobredimensionada  o aplicando tímidos ajustes de conveniencia  para dar el pego, y así continuar proporcionando cobertura a las  apetencias de esa maraña  de  vividores  políticos, cuando además del perjuicio repercutido a la sociedad en su conjunto,   las  empresas  como motores de la economía y el empleo, muy a su pesar,   se ven obligadas  a  sucumbir ante  la aplicación  de una   excedida presión fiscal, cuya finalidad efectiva, refleja no ser otra  que satisfacer   el gasto  publico – político del pozo sin fondo de esa  administración paralela, habiendo se añadir a ello, los  miles de entes y empresas públicas, que tomadas al asalto por la horda  política viene a  situar la cuantía de enchufados en lo mas allá de lo imaginable y en  la mas  estricta opacidad.

A tal ver, después de siete lustros  de  monopolizar la cosa publica, no debe existir la mínima duda   en afirmar  que la casta política  es con mucho  el verdadero drama de España y que por tanto, todo proceso de higienización pasa  ineludiblemente, por arrebatar el poder a los que siguen haciendo del  país   su propio cortijo.

Los altos niveles de corrupción que sufre el país no se mitigan con inútiles iniciativas de regeneración democrática, sino, obligando a los partidos políticos a contraer responsabilidad subsidiaria de lo defraudado por sus secuaces.

Pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy insiste constantemente en transmitir todo lo contrario, si nos remitimos al contenido del Barómetro que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de septiembre, llegaremos a la conclusión  que su implícito viene a indicar  que la inmensa mayoría de la ciudadanía harta de promesas incumplidas y de sacrificios estériles,   ya no cree para nada en los mensajes de recuperación económica que asiduamente son  enviados con ánimo publicitario  desde  las filas  del  Ejecutivo.

Así es que dos  de cada tres encuestados, manifiestan que  no solo han perdido toda fe en la mejoría de la situación, sino, que la frustración causada por las inadecuadas políticas aplicadas, ha extendido el nivel de pesimismo, hasta el extremo, de percibir los consultados que dicha realidad mas que apuntar tendencia  proclive a la mejoría, expresen que a su entender   se agravará sustancialmente de aquí a un año vista; siendo por tanto prácticamente virtual el número de ciudadanos  que demoscópicamente consideran la situación económica como aceptable o que en su caso vislumbran alguna  posibilidad de reactivación.

Pero si los datos del futuro económico  se predicen  borrascosos, idéntico  pronóstico augura la ciudadanía  para el desempleo, que a su juicio  se mantiene como  el principal problema de preocupación, y que a pesar de un exiguo descenso, sigue ostentando la posición de máximos históricos; una situación que persiste y  proseguirá invariable en tanto que el Gobierno siga suplantando cometidos y arrogándose  atribuciones en materia  de creación de empleo, cuando tal objetivo  no es para nada su tarea, sino que su función debiera  ceñirse expresamente al establecimiento de un marco institucional favorable,   capaz de  estimular la inversión productiva e imprimir un cambio de rumbo a la  errónea dirección   que se ha llevado a término hasta ahora. Debiendo en todo caso facilitar el liderazgo  y el  papel protagonista a los  auténticos operadores  de la iniciativa  empresarial, que  no son otros, que los acreditados  motores  en la  creación de riqueza y empleo  cuyo principal referente  viene a recaer en los   autónomos  y las Pymes

Pues resulta un todo  evidente, que siguiendo el actual modelo y las  propuestas  llevadas a término  por  la clase política dominante, se podrá enmascarar el problema; pero  será  completamente improbable  que al amparo de tales medidas se pueda reducir en  lo mas mínimo la tasa de paro que se registra en nuestra economía.

Si todo lo anterior tiene efectos desquiciantes, hay un aspecto del último Barómetro del (CIS,   que se antoja   totalmente peliagudo,   tal es, el hecho de haber subido más la preocupación ciudadana  por la corrupción que por el paro, al suponer  tal contraste  una expresión  inequívoca  que  convierte a España en un laberinto de complejidad, dado el fracaso demostrado por el  Gobierno  en la gestión del Estado, pues  al tiempo de  meter mano dura  a los derechos fundamentales de la ciudadanía, no reparó lo mas mínimo  en seguir  otorgando carta blanca  al desenfreno político; y toda esa consolidación de disparidad formando parte de una maraña de degradación, donde, como diría Frank Herbert, «la corrupción lleva infinitos disfraces».

La identidad real del país, mas allá de formulismos democráticos atiende en exclusiva a un régimen dominado por la corrupción extensiva

Por eso que prestar  credibilidad  a las  encuestas del  CIS, como centro demoscópico del Gobierno,   cuando es harto sabido  que  después del impecable trabajo de los técnicos su contenido  es manipulado tendenciosamente  por los cargos políticos  de ese instituto, resulta cuanto menos un ejercicio de ingenuidad, máxime, cuando tras el  maquillaje aplicado, sus pronósticos no dejan de ser  simples  presagios exentos de toda fiabilidad .

Lo suyo sería concluir que la identidad real del país, mas allá de formulismos  democráticos atiende en exclusiva  a un  régimen de corrupción extensiva que amparada tácitamente por unos  partidos políticos gangrenados, su repercusión,   además de haber causado la  catástrofe económica, generalizó el desempleo y creó desprotección total en la ciudadanía; con el perjuicio añadido,   que el derecho penal resulta arma  insuficiente e insatisfactoria para combatir eficazmente su erradicación.

Trágicas derivaciones que en modo alguno serán resueltas a  través de engañosas pantomimas de regeneración democrática,   pues toda iniciativa correctora, lo es  tan solo, al acredita su plena eficacia.

Y  cuando la corrupción en vez de un delito  pasa a ser la gran excusa de financiación política, cuando los  niveles superiores  e intermedios de la administración están tomados por atracadores afines y la  universalización de la deshonestidad alcanza directamente  a los cargos políticos,   llegado a este extremo,   no hay mas remedio que  obligar que los partidos  políticos sean responsables subsidiarios   de las turbiedades y del dinero defraudado por sus militantes y protegidos, desempeñando así función de centinela que por el riesgo repercutido se convierta en la   solución efectiva para extirpar esta pandemia.

En este país donde el bipartidismos forma parte consustancial del problema, solo llevando a término la imprescindible reforma constitucional, se darán las condiciones exigibles para erradicar la corrupción

Vivimos en un   país donde las organizaciones políticas directamente connotadas  con la corrupción intentan ahora dar lecciones de honradez  apelando al cumplimiento de la  ley de leyes;  una  extravagante función de suplantación  pedagógica que  en reciprocidad con  el envilecimiento político, obliga poner de manifiesto que tras la indigna doblez de su conducta, los profesionales de la perversión, lo único que pretenden con su clamor por la justicia y lo estatuido, es redimir sus propias miserias  a través del cínico manoseo de la Constitución a la  que con sus acciones corruptas  han venido pisoteando deforma continuada desde los orígenes de su instauración.

Por eso, muy a pesar de erigirse en enérgicos defensores  del  magno documento de 1978, lo cierto es, que tras la  apariencia  de los que ahora utilizan la Carta Magna  como arma arrojadiza, está la deslegitimación infecta   de unos  profesionales de la corrupción  política que a través de sus prácticas  delictivas no solo se han dedicado  ha vulnerar de forma sistemática el propio marco constitucional que hoy dicen defender,   sino que han llegado al extremo de pervertir el funcionamiento del  propio Estado  al desnaturalizar su finalidad genuina  de servir al bien común, en provecho y ventaja  exclusiva de sus propios intereses, hasta  el punto de  forzar la mutación,   que supone sustituir  la democracia que nos habíamos dado en la transición. por  la consolidación de una extendida cleptocracia,  donde auspiciado por el bipartidismo,  el latrocinio y la malversación  se convirtieron  en el  referente  político por antonomasia.

De ahí que actualmente, cuando a toque de consigna son ellos mismos  quienes disciplinariamente  intentan imponer  desde su despistada moralidad  el deber de  cumplir la Ley y lo previsto en la Constitución, llegado a este punto, mas que darse por enterados y acatar sus instrucciones, surge como adecuada   la ocasión para dar rienda suelta  a  nuestro deber ciudadano,  que no es otro, que  devolver la  oración por pasiva,  exhortando a estos transgresores  revestidos de autoridad que han  de  ser ellos y no la ciudadanía,   quien en primer término, salden su deuda con la justicia  predicando con el ejemplo; rindiendo cuentas al efecto de sus sucesivos escándalos de corrupción, que pone al descubierto un  país de políticos impunes, y de sobrados delincuentes que fortificados en las altas instituciones, siguen disfrutando de completas prerrogativas.

Debiendo  entenderse por tanto  que son los múltiples casos de corrupción que inundan los informativos audiovisuales y las páginas de los rotativos, la principal   razón que se invoca para justificar   la progresiva desafección  de los ciudadanos hacia los partidos y los políticos involucrados; no remediándose tal aversión con  interesadas proclamas  de adiestramiento   sobre una Constitución superada, cuando el auténtico revulsivo pasaría por arraigar en la sociedad  la cultura de la legalidad a través de medidas ejemplarizantes, donde prioritariamente,  la primera medida de regeneración democrática habría  de consistir  en meter en la cárcel al amplio surtido de  corruptos que actualmente siguen campando a sus anchas,   ejerciendo  sus prácticas delictivas a la vez de  persistir en su escalada de  degradación de la vida institucional.

La primera medida de regeneración democrática, habría de consistir en meter en la cárcel al amplio surtido de corruptos que siguen campando a sus anchas

En consecuencia, una  Constitución  que es utilizada con empecinamiento   como  instancia jurídica  para impedir expresar  la voluntad   a quienes reclaman el derecho a decidir  sobre  su propio destino,    por los mismos políticos  que al unísono se dedican a esquivar la   parte mas  controvertida de su propio articulado,  siendo tal desencuentro, argumentación suficiente  para entender  que el entusiasmo de 36 años atrás  se ha tornado en desconfianza  y que dos tercios de la población según encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ven como papel mojado los   169 artículos de su contenido, además de declararse insatisfechos con su aplicación.

Contestación popular que ha de conducir a una reforma constitucional, pues  toda  medida de regeneración de mejora de la calidad de la democracia, para que  surta efecto,  demanda el perfeccionamiento  sustancial  de esta   máxima ley.

Siendo al mismo tiempo  la  corrupción y la inmundicia moral que nos asfixia,   aspectos, que  refuerza sobremanera la urgente celeridad en afrontar   la mas que necesaria  transformación de la Carta Magna,  pues el excedido grado de degradación que ha alcanzado la corrupción política, pone de manifiesto que el actual marco constitucional no es en modo alguno herramienta suficiente para poner remedio  a una lacra cuyo coste social repercutido está cifrado en 40.000 millones de euros anuales, repercusión que además de obstaculizar  la salida de la crisis, impide la generación de empleo, origina ineficiencias en la economía y degrada nuestra  imagen en el exterior al tiempo de devaluar todavía mas el nivel  de una ya socavada calidad democrática .

Graves resultados, cuya solución  en modo alguno la ciudadanía directamente  perjudicada,   deba poner en manos  de una clase política que carga a sus espaldas   con la responsabilidad de tres largas décadas de hipercorrupción.

Tomarse en serio la constitución, no es supeditar su contenido a las apetencias de los mercados financieros mientras se impide la participación y pronunciamiento de la ciudadanía

Este septiembre se cumplieron tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, cuyo implícito, impuso de forma categórica el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto; decisión, que a pesar de sus funestos efectos, contó con el padrinazgo   de  socialistas y populares, que afianzados en su alianza bipartidista, a las primeras de cambio, sus miembros, desertando de su cometido  político   pasaron a desempeñar  el papel de «crupiers»   en el  turbio juego especulativo auspiciado desde el casino  de  la Troika, (FMI, BCE y CE), a través de su respaldo  bilateral que cerró a cal y canto  toda posibilidad al consenso social y a la celebración  de la obligada consulta ciudadana   que una  reforma de tal calado exigía.

Siendo mas que evidente, que  la anexión forzada  de aquellos deberes al texto constitucional, trajeron  por único y exclusivo resultado la imposición  de las posteriores políticas de extrema austeridad, de recortes y  regresión social, que como es bien  sabido no se hicieron esperar  como puso de manifiesto la oleada de privatizaciones en el contexto de una leonina política fiscal,  que impidió desde su puesta en práctica  preservar  el gasto social, al igual, que aplicar  medidas de crecimiento económico  que hicieran  posible combatir el paro de forma rotunda y eficaz.

Reforma por tanto, que tuvo por auténtica finalidad dar cobertura legal al afianzamiento del credo neoliberal y al  rescate con fondos públicos de un quebrado sistema financiero, y todo ello, mientras los miembros de  esa dualidad  política se escabullían de hacer suyos  los  sacrificios exigidos al resto de la ciudadanía,  y los miembros de la casta, disparaban sus beneficios de forma exponencial o en su defecto seguían elevando el factor multiplicador en los casos de evasión y fraude fiscal.

La ausencia de referéndum como  aval social  de aquella reforma exprés, hizo que la actual Constitución mas que de la  ciudadanía sea la del «mejor postor», pues como queda dicho,  la modificación de referencia  se  consumó   en situación de déficit democrático al ser  rechazada por la mayoría del espectro parlamentario toda  posibilidad  de plebiscito  vinculante sobre el particular,  al tiempo de consumar la vendetta  de poner  la política   al servicio de los mercados financieros, que en síntesis,   fueron los verdaderos instigadores de tan arbitraria  iniciativa.

Exigir a los ciudadanos acatamiento a una reforma constitucional que no les han dejado votar, es desde todo punto de vista un anacronismo democrático

Incongruente alianza  que como  síntoma de rechazo   hizo ahondar  el abismo  entre la ciudadanía y ese sector concreto de la  clase política, al coincidir  los hechos  justo en el momento que el movimiento 15M, en auge reivindicativo, tomaba la calle  a tiempo de reclamar mayores cotas de  democracia real.

Entre otras cosas aparte de delatar  una  posición cada vez más desdibujada de la democracia, aquella reforma creó una  erosión en el paradigma del constitucionalismo por el hecho de haber metido mano a su texto  original al margen de las debidas  garantías de pluralismo político y ciudadano, circunstancia,  que causó que actualmente dispongamos de una  Carta Magna  sin vocación de continuidad; pues  afectada por un  proceso de domesticación económica,   ciñéndonos a su actual contexto no será nunca una norma adecuada de convivencia,   y mucho menos,  la  herramienta apropiada  para plegar a unos poderes fácticos que auxiliados por el bipartidismo han tomado al asalto  el  pleno  control de la misma.

En definitiva,   la reforma exprés  de 2011, no fue mas que otra pirueta  en la deriva antidemocrática que puso de manifiesto  el hacer político de los miembros   del bipartidismo, caracterizado, por su función  de simples intermediarios de  decisiones políticas adoptadas  en foros ajenos a   aquellos  en los que reside la soberanía popular; y todo ello, sin dudar  hacer del parlamento el lugar donde refrendar  formalmente las  decisiones adoptadas por adelantado por clanes  y grupos de presión que careciendo de toda legitimidad democrática imponen al dictado su voluntad  a través  de  la mayoría que le reporta el voto cautivo  de sus mas sumisos palafreneros.

Por tanto, cuando a los ciudadanos  se les quita el derecho a decidir  sobre aspectos de especial trascendencia  que afectan a  su propio futuro    como resultó ser la tan  inútil   reforma de la Constitución, exigirles  acatamiento a las modificaciones habidas es desde todo punto de vista un anacronismo democrático que demanda subsanación, de igual modo  que la redacción del antedicho  artículo 135 que  requiere  ser derogado de forma urgente por ser condición «sine que  non» para impulsar el crecimiento y garantizar con ello  la creación de empleo y el restablecimiento del Estado  del bienestar.

Regeneración que en todo caso siempre quedará a expensas de los electores y  de su pericia en saber votar.