El alcance de la corrupción viene a recordarnos la imperfección de nuestro sistema representativo, a la vez de urgir variaciones en el ordenamiento jurídico que nos conduzcan hacia estilos más democráticos de funcionamiento.
Después de dos años y medio aparentando gobernar, el Ejecutivo del PP, lejos de aportar solución alguna a la delicada situación que vive el país, por todo resultado, lo único que ha logrado es uniformar que el paro y la corrupción se hayan convertido en un cliché iterativo de la preocupación ciudadana; eso al menos es lo que se desprende mes tras mes de los resultados del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y que los datos referidos al mes de mayo vienen a confirmar, pues a pesar de los mensajes de evolución positiva que apócrifamente publicite el Gobierno, lo cierto es, que la pervivencia de ambos problemas se mantienen a la cabeza del ranking de la inquietud del interés general, poniendo de relieve que un asunto viene unido al otro y que sin la erradicación de la corrupción se torna imposible la creación de empleo.
Tomando referencia del historial de escándalos, se confirma que el PP, con diferencia, lidera el palmarés de la perversión política del país, y con sus turbias prácticas, desde la estructura del poder ha trenzado un nudo ciego entre la corrupción y el paro difícil de desatar, trabazón que favoreció la puesta en práctica de una la red de degradación institucional, donde se impuso un régimen clientelar que propició el saqueo generalizado de las arcas públicas, que además de resquebrajar los cimientos del sistema, agravó la situación económica hasta el extremo de impedir toda posibilidad de reactivación; circunstancia, que lejos de moralizar la política acentuó la degradación de la misma impidiendo el desarrollo empresarial, y por añadidura, dando al traste con cualquier perspectiva de evolución del mercado laboral.
De ahí que mientras no se elimine de raíz a los activistas políticos artífices de esta lacra y se suprima definitivamente la repercusión de su coste social de 40000 millones de euros anuales, toda medida de reactivación económica que se plantee, será un burdo simulacro sin efectividad de resultados, por cuanto en esa tesitura, cualquier hipotético remedio seguirá surtiendo un efecto negativo al prodigar el desánimo en los destinatarios, e impedir por ello, la puesta en marcha de iniciativas o `proyectos profesionales que por arrastre de desconfianza frenarán la creación de actividades empresariales, y tal limitación a efectos de empleo, generalizará la precariedad del trabajo de temporada haciendo extensiva la no menos recomendable modalidad de acceso al mercado laboral asistido por la afinidad política a través de la expandida prácticas del nepotismo endogámico.
Por tanto, ahora cuando repunta de nuevo este mal endémico y la falta de escrúpulos se hace con el dominio de la situación, es hora de aparcar la condescendencia para radicarse en posturas de severidad, y así, de una vez por siempre cortar por lo sano, ubicando a cada político en su verdadero lugar de pertenencia, al margen de privilegios ajenos al resto de la sociedad, sin tener que tragar ni un minuto mas con la recurrente “presunción de inocencia”, con ese manoseado concepto que ante la evidencia de las pruebas suele convertir su uso en un espectáculo obsceno, en una perversión de la realidad, con la estratégica argucia de disfrazar lo que es una mala praxis de aparente castidad.
Por eso ante una situación de emergencia como la presente, suprimir la corrupción del país además del cometido preferente ha de ser por encima de todo el mayor reto que como ciudadanos nos debemos imponer con la finalidad de, volver a poner en valor la democracia, restituir la honradez perdida a la esfera política en rescate de un extraviado crédito institucional.
Para ello ante pruebas inequívocas de corrupción, al margen de su grado de implicación hemos de suprimir al político todo trato distintivo, forzando su apartamiento cautelar del cargo para no dar pie que se refugie en laberintos procesales donde la demora resolutiva llega a límites desmedidos, pues se ha de asumir que ante un supuesto de imputación solo la separación del encausado de la función política es factor clave para avanzar hacia un nuevo rearme moral, y en esta vía poder alcanzar la regeneración de la función política, y con ello, habilitar la confianza hacia la estabilidad económica el empleo.
Pero la arraigada concepción patrimonialista del poder, sumada a la dominante cultura de la opacidad, impiden que lo que en buena lógica sería recomendable erradicar pueda llevarse a término, y así, salvo en casos forzados por imperativo judicial, la corrupción mantendrá su continuidad convertida en una forma habitual de hacer política, y esa práctica, proseguirá por la propia permisividad del sistema, pues se ha de saber, que en nuestro Código Penal ni la financiación ilegal de un partido como tampoco el enriquecimiento ilícito en el desempeño de un cargo están tipificados como delito y tal circunstancia , hará que la situación no varíe en tanto no se cambien la reglas legales y pasemos a hablar de la corrupción organizada como un delito político con clasificación expresa y riesgo implícito.
Y mientras esto no acontezca, políticamente, casos como la turbia financiación de la sede del PP, no pasaran de ser una simple anécdota
