La corrupción no tiene límite, esa progresión de  inmoralidad dual entre corruptor y corrupto  que al margen   de la ley  beneficia a ambas partes en perjuicio colectivo de la sociedad, resulta  incesante por la  tolerada condescendencia política,  la sustentada impunidad y la escasez de conciencia social; de ahí que ese cáncer endémico haya mutado con complacencia combinada  hasta  transformarse  en  una compartida norma de conducta, en una práctica asociada a la función política.

Siendo por ello que  la “contracultura de la corrupción” favorecida  por la influencia de los perceptores de prebendas, llegó a enraizar en la propia estructura del Estado  hasta el extremo de socavar la vida institucional del país y transgredir el ordenamiento instaurado,  en un proceso de vulneración   continuada del Estado de Derecho; y toda esta tropelía, por el  ambicioso  objetivo de unos desalmados empeñados  a toda costa en obtener un provecho ajeno al bien común.

De ahí que por su  condición  sistémica y estructural, sea una equivocación  intentar combatir la corrupción  con la intervención exclusiva  de  jueces y la aplicación  estricta del Código Penal, pues cuando  una situación se excede de escala y se va  fuera  de madre,  la gravedad de su deriva   exige otras medidas paliativas que pongan remedio al extravío, toda vez que en  los grandes escándalos de corrupción, llegado al alcance de la actual dimensión, al margen de su condición de testimonio  ejemplarizante, la aplicación del  proceso penal   resulta totalmente  ineficaz para atajar tal nivel de  transgresión.

Como tampoco resulta válido  para remediar la mas difundida corrupción de baja intensidad, esa práctica  cotidiana que  acaba por corromperlo todo;  porque además de la amplitud de su ámbito y su notoria  intensidad, insólitamente, la gran mayoría de esos turbios comportamientos aún escandalizando al país y sembrando alarma social,  ni siquiera son considerados delictivos.

Por tanto, se tiene que dar por cierto  que la tolerancia  asentida durante años   hizo que a tiempo presente   la corrupción esté incrustada en la médula  del sistema, pero también se debe asumir que inversamente a lo debido, en vez de  mitigar  sus perjuicios,  la permisividad política siguió prodigando su proliferación, como lo testifica la interminable implicación en actos ilícitos de multitud de  sujetos   connotados  con distintos niveles   o esferas de la administración y especialmente con aquellos  que por vulnerabilidad afectan a la contratación pública, donde  a juzgar por los hechos  el  actual marco jurídico resulta cuanto menos insuficiente, pues  no resuelve en modo alguno  las numerosas deficiencias en los mecanismos de control.

De ahí que para eliminar  el habitual saqueo  de los corruptos políticos, haya de invertirse el actual ordenamiento a fin de suprimir  a sus colaboradores  en la comisión del delito, objetivo, que pasa   obligatoriamente por el establecimiento  de una  función pública mucho más rígida, pues eso es lo obligado cuando quien  debiera  velar por el cumplimiento de la disciplina legal no es capaz de  comportarse  debidamente  en un entorno de confianza y libertad, y tal decisión arrastra consigo como exigencia, que  todo puesto de responsabilidad en la gestión de la  Administración recaiga exclusivamente  en funcionarios públicos de carrera encargados del control y la fiscalización de los procedimientos,  sin cuyo visto bueno,  ni puedan progresar los expedientes ni tampoco sea posible la aprobación del gasto.

Medidas cuyo implícito  tendrá  que causar forzosamente  la exclusión inspectora del  personal eventual o de confianza, que colocado a dedo,  venían gestionando la  tramitación  de los procedimientos  con participación  resolutiva  en las mesas de contratación.

Si la complicidad política con la corrupción es una evidencia, cuando desde la cúpula de la patronal se enjuician los escándalos de corrupción como una catástrofe, lo cierto es que por lo regular tal manifestación es puramente una formalidad declarativa,  que  tras de si, mas que una crítica de condena  a esas prácticas infectas esconde un actitud de doble moral sin propósito de enmienda, actitud, que  atribuye  a los representantes del colectivo empresarial  la condición de copartícipes  como asimismo cómplices  de los corruptores que se  cobijan en esas  entidades  disfrazados de empresarios.

Desde la representación empresarial debieran saber que arbitrariamente  la corrupción se centra mucho en los corruptos y poco  en los corruptores, y por la parte que le afecta está obligada a dar  un paso adelante en su compromiso anticorrupción y apostar de forma decidida   por las buenas prácticas asociativas, excluyendo de su foro a los corruptores, pues de no hacerlo, no solo estaría amparando los malos hábitos empresariales  sino que  vendría a cercenar la libre competencia perjudicando con ello a  otros empresarios  competidores que por código de conducta no recurren a esos procedimientos ilícitos

Es incuestionable pues, que  para erradicar la corrupción no ha de quedar  sola la judicatura luchando contra esta causa, siendo preciso por obligada colaboración,  que las asociaciones empresariales en la parte que les toca  se involucren en esta lucha hasta lograr darle un vuelco a tan compleja realidad.