Pudiera haber  sucedido en cualquier otro lugar,  pero como las desgracias  nunca vienen solas, una vez más, el nuevo escándalo del día tiene que ocurrir en el ayuntamiento de hazmerreír.

Si, justamente ahí, el del cachondeo del  naval; en ese municipio que al igual que tiene un astillero para no hacer barcos, por idéntica contradicción,  ante un acto delictivo,  en vez de proceder acorde a disciplina legal, se dedican a colgar el marco legislativo en las paredes de la casa consistorial, y estas sincrónicas incongruencias  tan solo se pueden reunir  en el coruñés término municipal de Fene, donde por  circunstancias sobrevenidas, sin riesgo a error, se puede afirmar que tanto  lo endógeno  como lo exógeno  van  de la  mano y circulan en idéntica dirección.

Viene a cuento esta introducción en razón  a  la  actualidad desatada por la  trama corrupta de la operación “Pokémon”, y en concreto, por la implicación como protagonista en el tinglado   del presidente de la mercantil Vendex, quien a la hora de la verdad resulta ser también el  promotor en cubierto de la quiebra empresarial de la fábrica  Rubber con radicación en esa  localidad.

Una turbulenta  actuación que para público conocimiento  en el año 2002 fuera declarada judicialmente  fraudulenta, sin que al parecer, tan polémicos  antecedentes  resultaran  óbice ni cortapisa para que este transgresor profesional  siguiera su desenfreno mercantil, extendiendo sus malas artes al espacio de la administración pública, para cuyo acceso y finalidad contó  con el cómplice beneplácito de unos delincuentes comunes, eso si,  revestidos con credencial  político – institucional.

Para conocer el alcance colateral  de aquella quiebra simulada y su afección en  el ámbito de la localidad, no solo se debe traer a colación la transparencia repercutida de los perjuicios laborales, sino también, la opacidad  e inhibición institucional  mantenida en la esfera medioambiental.

Pues  contrariamente  a la dejadez sostenida  por la Administración, cuando en octubre del  año 2000, el facineroso  instigador presentaba ante el juzgado de guardia de Ferrol una solicitud de quiebra para proceder a la liquidación de la planta  fabril, al día siguiente de estos  hechos, no mas tardar, era obligado que  en concurrencia  el conjunto de organismos con competencia en materia  procedieran  coordinadamente con la finalidad de incoar  el procedente  expediente por delito ecológico;  toda vez que con aquel  trámite dirigido  a lapidar la actividad industrial, el acopio de neumáticos existentes en la planta destinados al recauchutado, con tal acción suspensiva, toda esa  provisión de material se trasformó  de facto en un vertedero ilegal.

Pero lo  que tenía que haber sido no fue, y la pasividad interventora  derivó  en un serio problema medioambiental que  pasados 14 años por acumulada negligencia e implicación política de todo signo, hizo que el recinto de la  antigua planta de recauchutados  Rubber,  sea al día de hoy el mas peligroso depósito de neumáticos  de toda la geografía gallega.

Decir al efecto, que actualmente en ese emplazamiento  se  depositan alrededor de 60.000 toneladas de neumáticos abandonados, o lo que es lo mismo  5 millones de ruedas desechadas, apiladas en una zona de 5700 m2,  y  a escaso medio kilómetro de la zona urbana, que además del la afección por  impacto paisajístico, la degradación química parcial de ese material  pone en grave riesgo la estabilidad  de los recursos naturales de la zona. afectando lesivamente al suelo, el subsuelo, y a la totalidad  del medio hidrobiológico.

Habiendo de añadir a ello que por ubicación  anexa a una frondosa masa forestal , un supuesto incendio obligaría a la total evacuación  del vecindario de la localidad, por cuanto la nube tóxica de combustión de las llantas almacenadas sería altamente peligrosa para la salud humana al causar afección al sistema respiratorio, ahogos inmediatos, insuficiencia cardíaca, asma y hasta cáncer pulmonar.

Pasado el tiempo y persistida tan alarmante situación, los hechos vienen a corroborar que desde  los distintos organismos y escalafones  de la administración,  en vez de exigir  y vigilar el cumplimiento de  la ley, por omisión de atribuciones y  al no hacer pagar a los culpables,  la propia dirección política  se convirtió en responsable directa de la comisión  de un delito  ecológico de primera magnitud,  que al margen de la obligada  rendición de  cuentas  y expurga por  responsabilidades, exige en primer término  y sin mas dilación su  reconducción en aras a alcanzar  la  urgente  erradicación de tan dañina realidad.

Solución que por la  compleja titularidad  jurídica del espacio de radicación y el elevado coste de eliminación, debiera ser afrontada y sufragada conjuntamente  por las Administraciones de confluencia,   con  reversión de costes diferida  a la órbita de la trama Vendex como causante de tan  delictiva situación.