En España, nos hemos provisto de un sistema de gobierno el cual definimos como “sistema democrático”, sin embargo, tras realizar un breve comparativo entre el proceso de evolutivo desde la acepción primitiva achacada a la democracia directa, pasando por las modernas democracias indirectas, hasta llegar a la actual democracia, indirecta, corporativista de facto y la cual es objeto de crítica por estar deslegitimada, encuentro que, efectivamente, la democracia actual en España, se ha desvirtuado de tal manera que el subproducto engendrado guarda poca relación con los principios más elementales de la democracia.
Problemas y malas soluciones, el “demos”, la delegación y la subdelegación mediante concertación.
Partiendo de la base de que la soberanía reside en el “Demos”, quien delega en unos representantes dotándoles de la efectiva capacidad de de gobernar mediante la cesión temporal del “Kratos”, sorprende el hecho de que estos representantes, dotados del respaldo de la ciudadanía, incapaces de aplicar sus programas de gobierno, opten por buscar aliados, no legitimados por la ciudadanía como receptores de las atribuciones que le fueron encomendadas a un gobierno de representantes del Estado y subdeleguen poderes que le son propios por delegación directa.
Así, mediante entramados corporativistas, el gobierno se doblega ante grupos de presión a los que a su vez proporciona soporte económico y cobertura legal para crear un entorno controlado que facilite la labor de gobierno, limitando y encauzando la potencial conflictividad de diversos grupos de interés.
La derivación hacia esta nueva realidad, donde se mercadea con una representatividad otorgada únicamente de manera temporal , es un hecho consolidado pero no plenamente aceptado por la sociedad y por tanto, no legítimo. El titular de la representatividad otorgada tras proceso electoral, realiza una cesión de cuota de poder que debería de ser intransferible en su titularidad, ya que el poder lo otorgan los ciudadanos a sus representantes para hacer uso de él, no para que estos hagan partícipes a terceros que representan a grupos de intereses, los cuales pueden ser opuestos a los intereses del elector. Esto puede suponer un fraude al electorado, que ve cómo un grupo de presión ejerce tareas que le fueron encomendadas a unos representantes electos.
La debilidad de los gobernantes, se hace patente mediante la generalización de la concertación de grupos de interés estratégicos organizados corporativamente, que reciben sustento de unos fondos públicos, que dejan de estar al servicio del interés de la ciudadanía para pasar servir a grupos de presión corporativizados.
Legitimidad en el sistema establecido, derivación de la Democracia.
La alteración de la representatividad de los estamentos, con la preponderancia otorgada por los gobiernos a determinados grupos, da lugar a diversas paradojas que ponen en cuestión la legitimidad democrática de nuestro sistema, así pues, se da en ocasiones el caso en cual el gobierno negocia con los sindicatos mis condiciones de trabajo, erigiéndolos así en mis representantes, muy a mi pesar. La legitimidad para representarme, a mí y a todos los trabajadores, se la otorga un gobierno que actúa, de manera premeditada, viciando del sistema democrático, delegando, de forma indebida, una representatividad inalienable.
Así las cosas, la Democracia indirecta pasa a ser tan indirecta, que deja de ser democracia y pasa a ser una oligarquía donde, únicamente la cabeza visible, es elegida por el pueblo, siendo sin embargo el ámbito de decisiones, desplazado a la opacidad de un grupo de representantes de intereses de grupos quienes, con la aquiescencia del gobierno, llevan a cabo sus políticas y normativas que habrán de afectar a toda la sociedad.
Legitimación del proceso establecido para la toma de decisiones normativas.
Es posible normalizar o corregir, acaso parcialmente, la situación paradigmática originada por da desvirtuación democrática aquí expuesta, mediante la obligada regulación de las corporaciones concertadas, de forma que se garantice la publicidad en sus mecanismos de participación. De esta manera, sirviéndonos de ejemplo sindical, podemos decir que, así como los sindicatos reciben dinero público, todos los ciudadanos electores, a quienes pretendan representar los sindicatos, deben tener capacidad de participación en la elección de la dirección y los órganos de estos sindicatos, sin necesidad de aportar cuotas o de afiliación, de forma que realmente sean entidades representativas de los trabajadores y de interés público ya que de lo contrario, estos sindicatos que sólo permiten la participación en sus procesos internos a los afiliados, en ningún caso habrían de entenderse como representantes de los trabajadores en general, ya que tan sólo son representantes de sus afiliados, quienes deberían sustentar sus organizaciones.
La “Demonada”
Por lo expuesto anteriormente, es fácil pensar que la democracia en España está viciada y que se ha desprovisto al “Demos” del “Kratos”, siendo que el “Demos” ya no “pinta nada”, existiendo tan sólo como excusa legitimadora de un sistema corrompido. Es un buen ejercicio el preguntarse “quién gobierna” y “para quién gobierna”. Tras una somera reflexión, nos daremos sin duda cuenta, si acaso no nos habíamos percatado antes, de que las respuestas no son fáciles, claras y contundentes.
El sistema de competencia entre partidos hace que estos busquen “atajos” y pretendan ganarse el apoyo de grupos organizados influyentes y este panorama es el precursor de la situación que estamos viviendo, donde quien gobierna no es sólo el gobierno, sino que comparte el poder con grupos de interés y para quien se gobierna no es el pueblo, sino para satisfacer las demandas articuladas por diferentes grupos de presión, organizados eficazmente para tal fin. Unos y otros grupos organizados, asumen un gran poder y una enorme influencia, que no se compadecen con su representatividad real de la ciudadanía.
He dicho y pienso,
Undive.
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